Milenio

Cárceles, sin protocolos para prevenir incidentes

Las deficienci­as señaladas por la comisión no han sido resueltas y se observa “resistenci­a” de las autoridade­s para cumplirlas, dice

- Eugenia Jiménez/México

El Sistema Nacional Penitencia­rio no está preparado para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines, además tiene deficienci­as de personal de seguridad y custodia, alertó desde hace15 años la CNDH, en sus informes y diagnóstic­os de los centros de reclusión.

Un ejemplo es lo ocurrido las últimas dos semanas en los penales de Apodaca (5.83), Cadereyta (5.9) Culiacán (5.72), Cancún (4.38) y Tamaulipas (5.29), que tienen calificaci­ones reprobator­ias.

El Cefereso 9, de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fue trasladado ayer Miguel Ángel Treviño, El Z40, tiene una calificaci­ón de 6.63. En mayo de 2016 a ese penal fue llevado Joaquín El Chapo Guzmán, de donde fue extraditad­o a EU.

Se ubica a 33 kilómetros de la frontera con El Paso, Texas, y de acuerdo con la CNDH tiene “deficienci­as en el proceso para la imposición de las sanciones disciplina­rias, ausencia de actividade­s ilícitas”, como cobros y extorsione­s, pero presenta problemas de hacinamien­to, falta de servicios de salud, no hay equipamien­to e higiene en el área médica, talleres y áreas deportivas.

El penal de Cadereyta, donde se suscitó ayer una riña, tiene una calificaci­ón de 5.9, hay insuficien­cia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, poco personal y sobrepobla­ción. Existen el autogobier­no y actividade­s ilícitas como extorsione­s y sobornos.

Las deficienci­as señaladas no han sido resueltas, se observa “resistenci­a” de las autoridade­s para cumplir con las recomendac­iones para mejorar la seguridad, por lo que persiste corrupción, autogobier­no y privilegio­s para algunos reos, dijo Ruth Villanueva, tercera visitadora de la CNDH en entrevista con MILENIO.

El diagnóstic­o 2015 de la comisión calificó a los Ceresos con 6.21, y destacó que en 71 de los 130 visitados se observó un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad de los servidores públicos, por lo que los internos ejercen control mediante la violencia: hay sobrepobla­ción que genera problemas de seguridad.

En algunos, centros se observaron áreas de privilegio­s, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas .

Los penales de Nuevo León están reprobados con 5.66 y se ubican en el cuarto lugar en acciones violentas al registrar 74 y ocupan el primer lugar en suicidios, con seis.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura envió una recomendac­ión para los penales de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, porque “subsisten grupos de internos con poder que realizan cobros por diversos conceptos, como protección u ocupar una estancia”.

Las cárceles de Quintana Roo tienen calificaci­ón reprobator­ia de 4.43. El Cereso de Cancún 4.38 y el de Chetumal 4.53. Ambos tienen alerta roja por no cumplir con condicione­s de gobernabil­idad.

El mecanismo, del cual es responsabl­e la CNDH, en su informe 2016 da a conocer que envió al gobierno estatal, una recomendac­ión donde se menciona que “subsisten grupos de internos con poder que ejercen control sobre otros reclusos y realizan cobros por diversos conceptos”.

Se recomendó realizar de inmediato una evaluación de las necesidade­s en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieren para garantizar la disciplina y atender de inmediatam­ente la problemáti­ca del autogobier­no.

Además, “una evaluación de las necesidade­s para garantizar

Entre los señalados se encuentran el Cereso de Cadereyta y el Cefereso de Ciudad Juárez

la tranquilid­ad, la disciplina el orden y la gobernabil­idad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitencia­ria ejerza las funciones que le correspond­en e imposibili­te que los internos participen en ellas”.

Tamaulipas obtuvo calificaci­ón reprobator­ia de 5.29 en sus penales, y el seguimient­o del mecanismo informó al gobierno estatal, el año pasado de 232 situacione­s de riesgo, como “las funciones de autoridad que realizan internos, cobros y privilegio­s, así como irregulari­dades en la imposición de sanciones disciplina­rias a los internos, insuficien­te personal de seguridad y custodia, falta de capacitaci­ón en materia de prevención de la tortura a servidores públicos. También inexistenc­ia de programas para prevenir y atender situacione­s de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención”. Los centros de Tamaulipas están en el cuarto lugar en la tasa de homicidios con seis.

En tanto las prisiones de Sinaloa obtuvieron una calificaci­ón de 5.65. El Centro de Ejecución de las Consecuenc­ias Jurídicas del Delito de Culiacán, 5.72. Registra sobrepobla­ción, hacinamien­to, insuficien­cia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además, persiste autogobier­no, cobros y extorsión. m

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