Reformas a la Ley General de Educación
El cambio en pro de los dreamers podría traer un mayor beneficio
Cincuenta y nueve días después de que el presidente Peña presentara la Iniciativa de reforma a la Ley General de Educación (LGE), el pasado martes 21 se promulgó el nuevo texto con los relevantes cambios efectuados en materia de reconocimiento, revalidación o equivalencia de estudios, así como de facilitación de los trámites escolares correspondientes. El proceso legislativo fue rápido, como corresponde al carácter preferente con que fue clasificada dicha iniciativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la Constitución. Pero, lo más importante es que, en su paso por las Cámaras, la iniciativa fue mejorada sustancialmente. El producto final guarda una relación más estrecha con los principios que fueron enunciados originalmente y, lo que es más relevante, sus eventuales beneficios se extenderán a cualquier persona que toque las puertas del Sistema Educativo Nacional (SEN) y no sólo a los migrantes, como se difundió ampliamente por autoridades y se reflejó en los medios de comunicación.
Como se explicó en este mismo espacio cinco semanas atrás (Campus 694), todo el proceso se inició a principios de enero por la inquietud de un pequeño pero significativo grupo multipartidario de Senadores. Luego, en un acto público de enorme despliegue (19 de enero), el Presidente anunció la Iniciativa Preferente. Finalmente, el 1º de febrero, la presentó al Senado como Cámara de Origen. El proyecto presidencial incluía seis modificaciones a otros tantos artículos; la versión final, ya promulgada, duplica el número de cambios. Podría decirse que dicha modificación resume una buena sensibilidad ante el asunto, y, haciendo correcciones, se mostró el afán de los legisladores para que los cambios tuviesen un mayor impacto en el SEN. Al mismo tiempo, en las audiencias y foros abiertos en ambas Cámaras, se opinó sobre la propuesta de modificación al Acuerdo 286 de la SEP, mismo que deberá jugar el papel de instrumento operativo complementario de la Reforma a la LGE.
Ante el problema de coyuntura (migrantes que, por su propia voluntad o deportados, vendrían de Estados Unidos y, probablemente, continuarían estudios o solicitarían que estos fuesen reconocidos para fines laborales) eran necesarias medidas que desburocratizaran un sistema anquilosado, sumamente formal y casi inhibidor de los trámites correspondientes. Frente a eso resultaba indispensable otorgar confianza a los eventuales peticionarios así como asegurarles certidumbre en las gestiones ya efectuadas. El resultado es que, como se obliga ya a las autoridades educativas que resuelvan o declaren la equivalencia de estudios, éstas deberán promover “la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad”. Como decía la abuela: “¿será verdad tanta belleza?”. Esto es, a partir de ahora, el gran reto para las mismas autoridades: cumplir, verificar, dar seguimiento y, en su caso, corregir cuando aparezcan las brechas entre mandato legal y realidad.
Las críticas más severas que se formularon en las cinco audiencias del Senado y en el foro de la Cámara de Diputados provinieron de organizaciones relacionadas con la causa de los migrantes y de algunos legisladores, mismos que advertían sobre los peligros de la delegación de funciones públicas a las instituciones privadas. Para las primeras era indispensable una mayor apertura o confianza, casi el pleno valor a la palabra. Para los segundos, a esa “delegación” se le pusieron varios condicionantes, como muy claramente se refleja en los nuevos artículos 14, iii y 63. Por lo menos hasta ahora, en los medios no parece haber reacciones críticas de ambos sectores.
El problema de coyuntura fue atendido rápidamente. Pero ¿qué tan bien? El tiempo y las circunstancias lo dirán. Lo trascendental en todo este proceso es que, lo que se concibió pensando en migrantes de Estados Unidos se ha traducido en una medida que beneficiará a toda la población nacional. El Presidente y los legisladores pudieron hacer de lo crítico una oportunidad. Ahora, sólo falta que el nuevo texto del Acuerdo 286 de la SEP guarde plena congruencia con la reforma a la LGES.