¿Cuántos pactos más habrá con el narco?

Se dice fácil, pero ese arreglo fue el origen de la gran tragedia que está viviendo el país

Cómo controlar y/o desbaratar un crimen organizado —y otro no tanto— que ha sido la causa principal de una década sangrienta como pocas en la historia del país? ¿Cómo terminar la violencia? Son preguntas que hemos discutido en los últimos años sin encontrar aún respuestas definitivas y convincentes. La impotencia e incapacidad de sociedad y gobierno son evidentes ante la macabra estadística que mes a mes nos confirma una tendencia creciente, otra vez desde hace dos años, de los homicidios.

Ante ello, la tentación de recurrir a un pacto con las organizaciones criminales, como vía para reducir la violencia, ha sido real en dos casos ya públicos y documentados. El primero en Michoacán, cuando Fausto Vallejo fue gobernador, pues tanto su hijo como su secretario de Gobierno, Jesús Reyna, están en prisión por asociarse con La Tuta. El resultado fue desastroso para los michoacanos, que quedaron a merced de la violencia sin límites de Los Templarios. Ello provocó las autodefensas y un enorme desastre institucional que no acaba de componerse.

Del segundo nos enteramos por cortesía del gobierno de Estados Unidos, gracias a la detención del fiscal de Nayarit, acusado no de proteger a una organización de narcotráfico, sino de encabezarla en su estado. En este caso, Édgar Veytia, sí pudo presumir durante varios años una reducción considerable de la violencia, pero que en los últimos meses ya se revertía. Tampoco se puede decir que Nayarit se distinga por la eficacia y confiabilidad de sus instituciones de seguridad y justicia. ¿De cuántos más casos de gobiernos estatales que recurren a esta ilusión nos enteraremos en el futuro?

El sentido común de la clase política en torno al narcotráfico recurre invariablemente a una versión simplista de lo que fue un probable arreglo entre el Estado y las organizaciones criminales durante la segunda mitad del siglo pasado. Los dejaron operar a cambio de que se “portaran bien”, es decir, que no fueran violentos, que no extorsionaran, ni secuestraran. Ese pacto sería la causa de que en esos años coexistiera un narcotráfico en auge y poca violencia. Es probable que así haya sido. La conclusión obvia que sacan muchos políticos de esa simplificación del arreglo, es que la solución a la violencia es pactar, pues si en el pasado funcionó, ¿por qué ahora no? Alejandro Hope analizó de manera contundente por qué esos pactos ya no funcionan (http://www.eluniversal.com.mx/entrada-deopinion/columna/alejandro-hope/nacion/2017/04/3/ la-pax-narca-nunca-dura).

Sin embargo, creo necesario insistir en un punto no tomado en cuenta de aquel, pues se trata de las consecuencias que tuvo en las instituciones de seguridad y justicia. Una buena parte del dinero que aportaban los narcos servía para financiar a los policías de los tres niveles de gobierno; los sueldos eran tan miserables e incluso las famosas “madrinas” (ayudantes de los entonces policías judiciales federales) ni siquiera tenían plazas, por lo que todo su ingreso dependía de los criminales.

El resultado fue la entrega de prácticamente toda la estructura policiaca del país (no de unos cuantos) al crimen organizado. Se dice fácil, pero ese arreglo fue el origen de la gran tragedia que está viviendo el país, pues se tradujo en una debilidad más honda del Estado. Esta idea abstracta de la debilidad del Estado significa, para efectos prácticos, que cuando las organizaciones criminales tienen la capacidad de imponer sus reglas del juego, los gobiernos estatales y municipales (y la ciudadanía de paso) nos quedamos completamente indefensos. Así de simple y así de grave. ¿Cómo pueden pensar que la solución a la violencia es pactar con los criminales y renunciar a ser Estado fuerte? M