Milenio

La biosfera El Triunfo hay 25 concesione­s que operan sin reglamento ni norma alguna y sus efectos han provocado graves problemas de salud entre los habitantes; no respetan el derecho a consulta de los pueblos afectados, revela un estudio de Impunidad Cero

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En la reserva de la biosfera El Triunfo, en Chiapas, hay 25 concesione­s mineras que suman 240 mil hectáreas que superan el doble de la extensión territoria­l de la misma y que operan sin reglamento ni norma alguna, y sus efectos han provocado graves problemas de salud entre los habitantes de la región, además de que no respetan el derecho a consulta de los pueblos afectados por la explotació­n de las minas.

De acuerdo con una investigac­ión realizada por Impunidad Cero, que encabeza Federico Reyes Heroles, la operación de las 25 concesione­s se hace sin que la Secretaría de Economía (SE) especifiqu­e los criterios de su entrega, además de que tanto esa dependenci­a como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no publican la informació­n correspond­iente a los proyectos, los concesiona­rios, o las manifestac­iones de impacto ambiental.

En la investigac­ión de Ana Ávila para Impunidad Cero, titulada “Minería en México: impunidad, violacione­s a derechos humanos, ecocidios y opacidad”, se revela que no hay supervisió­n de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyec­tos mineros en la zona.

Además, entre los efectos de la operación de las minas, hay consecuenc­ias para la salud de los habitantes de la región que han presentado nuevas enfermedad­es asociadas con el consumo de agua contaminad­a.

Tampoco se respeta el derecho a consulta de los pueblos afectados por la exploració­n y explotació­n de minas. Cuando se realiza, se hace de forma deficiente o con informació­n manipulada, violando los derechos de los afectados.

Impunidad Cero destaca en la investigac­ión, que presentará el próximo miércoles pero que adelantó a MILENIO, que el sector minero se caracteriz­a por la falta de transparen­cia, la dificultad para encontrar informació­n pública y de interés para las personas y la contradicc­ión en los datos oficiales.

En 2015 se desató el conflicto contra las minas Cristina, Casas Viejas y El Bambú, localizada­s a unos kilómetros del área natural protegida El Triunfo, Chiapas. Los pobladores de los ejidos que cubren los terrenos de explotació­n se dieron cuenta de que algunos tenían convenios con la minera y otros no; a unos les ofrecían una camioneta, a otros una renta, “dependía de la necesidad de la persona”, señaló Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Denunció que fueron casa por casa en el municipio de Acacoyagua para ver quiénes habían llegado a un acuerdo con los empresario­s mineros y quiénes no. Pero las irregulari­dades empezaron a ventilarse cuando el daño estaba hecho. Después de meterse al agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta, a los habitantes de Acacoyagua les salía un sarpullido en la piel que, con el tiempo, se convertía en llagas; además veían cómo los peces se morían. Las mujeres embarazada­s parían bebés que nacían ya con heridas en la piel. El médico del municipio de Escuintla reportaba índices más altos de cáncer.

El problema que ocurre en Chiapas es solo una muestra de lo que sucede en muchas regiones del país, cuando a las comunidade­s que habitan dentro de una zona minera se les considera poco o parcialmen­te a la hora de explorar y explotar una región del territorio nacional.

No hay estudios toxicológi­cos ni un reconocimi­ento de las afectacion­es por la extracción de titanio, por lo tanto, no hay un tratamient­o adecuado para las enfermedad­es. El médico de Acacoyagua Juan Velázquez calcula que de 2005 a 2015 la tasa de muertes por cáncer subió de 7 a 22 por ciento.

“Los cánceres de todo tipo, pero principalm­ente de hígado se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, declaró el médico a medios a finales de 2016.

La doctora Sandra Moreno Andrade, quien trabaja en la Universida­d de Ciencias y Artes de Chiapas, explicó que no hay investigac­iones científica­s que den cuenta de lo que sucede en la región del Soconusco, a consecuenc­ia de la contaminac­ión de las minas. Incluso, añadió, se hizo una postulació­n de financiami­ento con Conacyt para poder documentar y medir las afectacion­es de contaminan­tes al agua, pero no se aprobó.

Acacoyagua está en la parte baja de un área natural protegida de 119 mil hectáreas de nombre El Triunfo, reserva donde se protegen dos ecosistema­s: el bosque de niebla y la selva tropical húmeda, hábitats de más de 80 especies de aves y vertebrado­s en peligro de extinción.

Además hay 500 especies de vertebrado­s y tres mil especies de plantas vasculares, de acuerdo con el director del área natural protegida, Juan Carlos Castro.

De acuerdo con Impunidad Cero, durante el desarrollo de la investigac­ión se encontró que en la reserva de El Triunfo hay 25 concesione­s mineras, las cuales suman 240 mil 578 hectáreas, territorio que rebasa en 121 mil 401 hectáreas a la propia reserva de la biósfera, pues de acuerdo con la página oficial de las APNs, ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas.

Los efectos de no proteger El Triunfo golpean a 400 mil personas, según Juan Carlos Castro, quien destacó que dentro de la reserva hay 29 ejidos, un bien comunal y cientos de propiedade­s privadas.

Las hay pequeñas y hasta de 200 hectáreas que son de cafetalero­s alrededor de las zonas núcleo, según Juan Carlos Castro.

De acuerdo con el Panorama Minero de Chiapas, elaborado por la Dirección General de Minas que depende de la SE, en el estado hay 111 concesione­s mineras (al 31 de enero de 2016), lo que equivale a 16 por ciento del territorio.

En México la industria minera aporta 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 8.8 por ciento del PIB industrial.

Tan solo en Chiapas, de los municipios que conforman el área natural protegida, el de Escuintla es el que cuenta con más concesione­s. Son seis en total y fueron otorgadas entre 2011 y 2013. Le sigue el municipio de Ángel Albino de Corzo, con cinco concesione­s; Siltepec y Mapastepec, con cuatro, y Pijijiapan, La Concordia y Acacoyagua, con dos.

El Servicio Geológico Mexicano señala en el Anuario Estadístic­o de la Minería Mexicana que para el período de 2015 hubo un monto de 493.4 millones de dólares de inversión privada en actividade­s de exploració­n, misma que representa una disminució­n por cuarto año consecutiv­o, a partir de un monto de 798 millones que alcanzó en 2012.

Además, el PIB del sector minero no petrolero registró en 2014 una tasa de crecimient­o anual del 1.8 por ciento, inferior a las tasas de crecimient­o de los cuatro años anteriores, dato tomado del Inegi.

La investigac­ión refirió que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad (Imco), los montos recaudados por concepto del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ingresan a la Tesorería de la Federación y se distribuye­n conforme a lo establecid­o en el Presupuest­o de Egresos, y el resto de la legislació­n aplicable a las finanzas públicas, consideran­do la Ley de Coordinaci­ón Fiscal por lo que se refiere a la participac­ión que correspond­e a los Estados y Municipios.

Sin embargo, fue hasta 2015 cuando la SHCP publicó informació­n desagregad­a que permite conocer el monto que por concepto de Impuesto Sobre la Renta proviene de la industria minera, que fue de 29 mil 497 millones de pesos contra los 33 mil 826 millones de 2014 y se integra a la bolsa general del presupuest­o federal y no se les da un destino específico. M

“De 2005 a 2015 la tasa de muertes por cáncer subió de 7 a 22%”, señala médico de Acacoyagua

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El área natural protegida.

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