Pérdidas económicas por 700 mdp al mes, estiman
El Gobierno de Ciudad de México estimó en 140 millones de pesos al mes las pérdidas económicas por los daños en los 38 edificios con fallas estructurales que dejó el sismo del 19 de septiembre, revelaron investigadores de la UNAM.
Precisaron que la cantidad se incrementa hasta cinco veces por los efectos indirectos, como el desempleo y la pérdida de productividad económica, con lo que el monto asciende a 700 millones de pesos.
El experto del Instituto de Investigaciones Económicas, Adolfo Sánchez, dijo que los 38 edificios dañados se ubican en 36 manzanas de Ciudad de México, cuyo daño impacta de manera indirecta en el empleo y a la población que ofrecía diversos servicios en las zonas dañadas lo que trastoca la calidad de vida.
Marco Tulio Mendoza, investigador del Instituto de Ingeniería, expuso que “la dimensión del desastre” en lo que se refiere al cascajo que se produjo por derrumbe en casas equivale a llenar 1.5 veces el estadio Azteca.
El reporte de viviendas dañadas en el país es de 150 mil y una pérdida total de 52 mil 374, cifra que equivale al número de viviendas construidas en todo 2016, dijo durante su participación en la conferencia “Ciudad de México después de los sismos”, en el Instituto de Investigaciones Económicas.
Acusó que a 15 días del sismo los precios del concreto premezclado, acero, grava y arena aumentaron entre 10 y 50 por ciento, con lo que se verá mermado el apoyo del gobierno federal en Chiapas y Oaxaca de 120 mil pesos para la reconstrucción de la vivienda, cantidad que solo alcanzará a cubrir alrededor de 25 por ciento. “No van a poder, de alguna forma, solventar las necesidades que tienen” los damnificados que perdieron su vivienda, por lo que consideró que las personas que perdieron su casa enfrentarán una situación difícil.
Mencionó que se requieren programas de reconstrucción por parte de organismos oficiales más que el ofrecimiento de apoyos económicos, tras referir que la autoconstrucción de las viviendas es más costosa y peligrosa que la formal, por lo que sugirió que las personas requieren de la asesoría de profesionales.
Mientras, el investigador Adolfo Sánchez, expuso que un punto clave que se desconoce son los atlas de riesgo, que se utilizan en función de la especulación inmobiliaria.
Es decir, que si se conoce que en una zona determinada existe “una franja (de suelo) que es más riesgosa” el precio de la vivienda se cae, con lo que opinó que la función del Estado debe superar “esa lógica del mercado y hacer planeación en función de la seguridad ciudadana”. m