México, paradigma de la impunidad
Nuestro país ocupa el deshonroso primer lugar en impunidad y el cuarto a escala mundial (Universidad de las Américas-Puebla). Tan ignominioso puesto se explica, entre otras cosas, por nuestro inoperante modelo de justicia. El castigo al delito es casi inexistente. La justicia en México es tan solo un término y no un sistema de leyes operante. Un estudio presentado la semana pasada (Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia) y elaborado por la UNAM, el CIDE y el Inacipe así lo demuestra: un déficit significativo en la procuración de justicia, que tiene un impacto directo en todo el andamiaje institucional del país. La sociedad desconfía de sus instituciones y, con ello, pone en riesgo los activos democráticos que, aunque precarios, ha costado mucho lograrlos.
No sorprende que todos los delitos de alto impacto marquen una tendencia al alza. Según datos de Semáforo Delictivo (SD), este año es el más violento de la historia reciente de México. Hasta septiembre pasado, más de 14 mil ejecuciones se le atribuyen al crimen organizado, un aumento de 53 por ciento respecto a 2016. Santiago Roel, fundador del SD, estima que este año terminará con 24 mil homicidios; cifra histórica. La trayectoria ascendente la siguen también la extorsión, el robo de vehículos, el secuestro, el robo a casas, etcétera.
En México existe la percepción de que delinquir no implica necesariamente castigo. La debilidad de las instituciones y el endeble modelo de justicia permiten actuar fuera de la ley, sin que exista una amenaza punitiva real. El Estado mexicano está cediendo cada vez más espacios a la inseguridad y a la delincuencia. Preocupa, además, que no se vislumbre una estrategia que responda ante ese flagelo que la sociedad padece de manera cotidiana. Las instituciones no están al nivel del reto que tienen enfrente. Y ante el tamaño de este desafío, lo imperdonable es que se actúe con negligencia. Es necesario empezar a revertir el actual estado de cosas, aunque la tarea llevará mucho tiempo. Sin duda, es necesaria la construcción de un modelo de justicia operante, que le dé valor a la ley, que haga válido el castigo para el acto indebido; no se puede seguir viviendo en la tierra de nadie, contemplando los horrores que suceden y quedarse de brazos cruzados. La poca atención que ha puesto la autoridad para redefinir el modelo de justicia lo demuestra que, en este momento, no se cuenta con un procurador general, que está en el tintero la instrumentación de una Fiscalía Anticorrupción y, para colmo, se colapsó la fiscalía encargada de investigar los delitos electorales. La campaña electoral ya empezó y todo puede pasar mientras se encuentra un fiscal autónomo y probo. La viabilidad del país depende en buena medida de la erradicación de la impunidad y la corrupción. No se puede perder un minuto más para empezar a combatirlas. De ahí la importancia de tener un modelo que en verdad aplique el rigor de la ley y no uno, como el nuestro, en el que la justicia es una simulación. M
Es necesario un modelo de justicia operante, que le dé valor a la ley, que haga válido el castigo para el acto indebido; no se puede seguir viviendo en la tierra de nadie, la viabilidad del país depende en buena medida de la erradicación de la impunidad y la corrupción