Señalan a juez segundo de distrito por renta de plazas
Lo acusan de exigir entre 5 mil y 12 mil pesos al mes a personal de juzgados de amparo
El Consejo de la Judicatura Federal abrió una investigación contra el juez segundo de distrito de amparo penal en Ciudad de México, José Díaz de León Cruz, quien fue señalado por la presunta renta de plazas para mantener en sus cargos o “recomendar” a secretarios de juzgado, oficiales administrativos, jurídicos y de mantenimiento, a cambio de cantidades que van de 5 mil a 12 mil pesos mensuales.
Además, facultó al contralor del Poder Judicial de la Federación para que solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informes de los registros y operaciones en México y el extranjero del funcionario judicial y de sus familiares por el periodo del 1 de febrero de 2015, cuando asumió la titularidad del juzgado, hasta la fecha, según supo MILENIO.
La indagatoria fue ordenada por el pleno de la judicatura con unanimidad de siete votos a partir de una denuncia del 10 de julio de 2017, en la que se sugiere que el juez actuó de esa manera porque se le descuenta 65% del sueldo por concepto de pensión alimenticia, desde la primera quincena de febrero de 2015 hasta el pago por riesgo de segunda parte 2017.
El consejo pretende verificar la situación patrimonial del juez, también obtener datos de bienes inmuebles y vehículos para detectar probables irregularidades, pues existe la presunción de que entre febrero de 2015 y 2017 realizó cobros ilegales en efectivo a por lo menos ocho funcionarios del Poder Judicial, quienes han tenido diversos nombramientos en los juzgados segundo y cuarto de distrito de amparo penal en la ciudad.
De manera anónima, en julio pasado una empleada judicial presentó la denuncia en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina en la que detalló que en 2015 buscó trabajo en el consejo sin resultados, hasta que Díaz de León la contactó y le prometió ingresarla en el “programa de apoyo para meritorios”.
En abril de ese año la citó en su oficina para decirle que no fue posible cumplir con lo pactado, aunque días después la llamó para ofrecerle una plaza de oficial administrativo de 18 mil pesos mensuales.
Sin embargo, el juzgador impuso como condición la entrega de 5 mil pesos cada fin de mes en un sobre, así como una parte proporcional del aguinaldo y de los bonos que percibiera argumentado que eran “instrucciones de arriba”.
La mujer aceptó porque no tenía empleo y señaló que el juez le pidió “discreción”, que no comentara el tema con sus compañeros, “porque si alguien se enteraba saldrían perdiendo todos”.
En la demanda, señaló que en esta circunstancia también se encuentran al menos Sinuhé Guevara Martínez, Hugo Salazar Zavaleta, Daniela García Morales, Itzel Gisel Domínguez Ambriz, Rocío Benítez Méndez, Daniel Amador Contreras Martínez y Álvaro Labastida Reyna, todos servidores públicos del Poder Judicial. “Por comentarios de mis propios compañeros, entre noviembre y diciembre de 2016, me enteré que para mantenerles el nombramiento de secretarios a los licenciados Sinuhé Guevara y Hugo Salazar, quienes cubren plazas de personas comisionadas, el juez José Díaz De León Cruz les exige 12 mil pesos mensuales a cada uno... “A Daniela García, a quien le otorgó cargo de oficial administrativo también le pide dinero mensualmente... al igual que a Itzel Domínguez, a Rocío Benítez y a Daniel Amador Contreras, a quienes les otorgó diversos nombramientos de oficial administrativo, oficial jurídico, de servicios y mantenimiento, respectivamente, también les exige entre 4 mil y 5 mil pesos para no quitarles el nombramiento”, indicó la denunciante. m La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que durante el 2017 se han triplicado las denuncias por robo a negocios de alimentos, que no solo se registra en chelerías, taquerías o cafeterías, sino que los delincuentes operan ya en cadenas de restaurantes. El informe que mensualmente publica la dependencia en su sitio de internet señala que hasta octubre pasado el Ministerio Público había iniciado 71 carpetas de investigación por robo al interior de restaurantes. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, tomó la protesta a Jaime Ernesto Pineda como nuevo secretario de Seguridad Pública, en sustitución del general Arturo Gutiérrez García, quien presentó su renuncia. Carreras reconoció que los elevados índices de violencia obligaron el relevo. Padilla fungía como coordinador estatal de la Policía Federal en la entidad. El cambio en la dependencia se presenta luego de que la semana pasada se contabilizaron 13 homicidios en diversas zonas de la entidad.