La propuesta de AMLO
Tiene al menos una virtud: la de ponernos a discutir, una vez más, qué hacer para detener el crecimiento de la violencia
Andrés Manuel López Obrador estaba el sábado pasado en Quechultenango, un pueblo a 30 kilómetros de Chilpancingo, la capital de uno de los estados más violentos de México, uno que está en guerra por el control del cultivo de amapola y la industria de heroína, en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahí pronunció las palabras que dieron la vuelta al país: “Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas. No descartamos el perdón (…) Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. AMLO dijo estas palabras al cumplirse 11 años del comienzo de la guerra contra las drogas (que ha costado a México alrededor de 200 mil vidas); las dijo al terminar uno de los años más violentos en la historia del país (23 mil 968 homicidios hasta el sábado en que hizo su declaración); al terminar octubre, el más sangriento del que tenemos memoria (fueron registrados, ese mes, 2 mil 371 homicidios en México). No creo que la propuesta de AMLO sea la solución a la tragedia de la violencia. La amnistía no desaparecería, como por arte de magia, el mercado de drogas y la lucha, muy violenta, por controlar ese mercado, con todas sus implicaciones. Pero la propuesta de AMLO tiene, al menos, una virtud: la de ponernos a discutir, una vez más, qué hacer para detener el crecimiento de la violencia en nuestro país.
Conocemos la historia. En diciembre de 2006, el presidente Calderón declaró la guerra contra los carteles de la droga en México. Tenía el objetivo (junto con otros: buscaba también reforzar su legitimidad tras una elección cuestionada) de reestablecer la seguridad en el país. Envió 6 mil 500 soldados a Michoacán. Dos meses después, alrededor de 20 mil soldados estaban involucrados en operativos militares en otros estados, en un despliegue que fue, entonces, masivamente apoyado por la población. Peña Nieto siguió la estrategia de Calderón (lo único que cambió fue su discurso, pues relegó a un segundo plano el tema de la violencia). Pero la guerra contra las drogas no dio los resultados previstos. No detuvo el flujo de estupefacientes a Estados Unidos: el consumo de drogas en ese país sigue aumentando (en 2002, los consumidores representaban 8.3 por ciento de la población mayor de 12 años y en 2013 representaban ya 9.4 por ciento de esa población). Tampoco contuvo la violencia, al contrario: en 2007 había una tasa de homicidios en el país de 7 por cada 100 mil habitantes y hoy la tasa es superior a 20 por cada 100 mil habitantes. Aumentó también el secuestro, la extorsión, el nivel de desconfianza en otros ciudadanos, el número de desplazados por unidad de población, la inestabilidad política, el número de personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, el número de agentes de seguridad por cada 100 mil habitantes, el número de armas pesadas por cada 100 mil habitantes, el gasto militar en relación al PIB, las acusaciones de tortura contra las fuerzas de seguridad (que aumentaron 600 por ciento entre 2003 y 2013, según Amnistía Internacional).
La inseguridad es, junto con la corrupción, uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos. Los dos están íntimamente relacionados, en muchos sentidos, entre ellos uno obvio, el del ejemplo. Si quienes nos representan violan la ley para enriquecerse, mandan un mensaje claro al resto de la sociedad: se vale violar la ley para enriquecerse. M