Milenio

Kirchner culpa a Macri por orden de captura

- JUEZ LA INCULPA DE ENCUBRIR ATENTADO Agencias/Buenos Aires

La ex mandataria de Argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció que la orden de detención en su contra forma parte de una persecució­n judicial encabezada por el actual presidente, Mauricio Macri, para intimidar a la oposición. “Me quieren callada y con la espada de Damocles en el cuello”, aseguró Fernández en una multitudin­aria rueda de prensa que ofreció luego de que el juez Claudio Bonadío solicitara su desafuero —ya que es senadora— y su posterior detención preventiva.

El juez le imputó a la ex presidenta los delitos de “traición a la patria” y encubrimie­nto por un memorándum que el gobierno argentino, que entonces ella encabezaba, firmó con Irán para avanzar en la investigac­ión del ataque terrorista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstan­cias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos.

Fernández, quien asumirá su cargo en el Senado el próximo lunes, no descartó la posibilida­d de acudir a tribunales internacio­nales.

Estas medidas, aseguró, “no solo violan el estado de derecho, buscan provocar un daño personal y político a los opositores, a sus trayectori­as, a sus ideas. No tiene nada que ver con la justicia, ni con la democracia. No hay causa, no hay delito, no hay motivo”.

En ese sentido, señaló a Macri “como el máximo y verdadero responsabl­e de una organizaci­ón política y judicial para perseguir a la oposición”.

La Cámara alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentad­a, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández —que juró su cargo el pasado 29 de noviembre—, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legislador­es.

Sin embargo, no se atisba que el desafuero pueda prosperar porque el histórico Partido Justiciali­sta, con gran representa­ción en la Cámara, ya ha adelantado que no acompañará el pedido. m

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