En el autoritarismo no se tolera la crítica
No es irrelevante el mandato de la Corte para instar al Congreso a que acate su obligación de legislar el gasto en publicidad gubernamental; de cumplirse, México dejaría atrás (un poco) el autoritarismo
La relación entre los medios de comunicación y el poder político no suele ser armónica. Se torna mucho más conflictiva en tanto el grupo de poder se distinga por tener un sello autoritario. En un régimen de este tipo, la crítica tiende a ser reprobada, amordazada y, con frecuencia, violentada hasta la misma muerte. México es un buen ejemplo al respecto. ¿Cuántos periodistas han sido ultimados en los últimos años por sus críticas al sistema?: decenas.
El gobierno mexicano, como regla, mantiene una relación conflictiva con los medios de comunicación. Desde siempre. En el porfiriato, la prensa liberal, esplendorosa en los tiempos de Juárez (y antes), fue ahogada por sus críticas a un régimen autoritario como fue el de don Porfirio. Esa dificultosa relación no la extinguió el tiempo. Hubo altas y bajas. En algunos periodos hubo cierta sumisión (los años 40 y los 50 del siglo XX) pero, en otros, emergió una crítica dura contra gobiernos en turno: a partir de los años 70 del siglo pasado la crítica juega un papel preponderante al señalar, sin tapujos, las pifias del gobierno.
“No pago para que me pegues”. Frase definitoria del entonces presidente de la República José López Portillo (1976-1982) al referirse a los medios de comunicación. Pronunciada en junio de 1982, cuando su gobierno se hundía en la crisis económica y en el desprestigio de la corrupción, quiso matizar las críticas que recibía su gobierno delatando a quienes las hacían: los medios que estaban pagados por el propio régimen. La interpretación más simple: el presidente se sintió traicionado, aunque lo ocurrido durante su administración de ninguna manera lo habría salvado de la catástrofe que él mismo diseñó.
Lo anterior tiene que ver con un reportaje de The New York Times (25/XII/17) que argumenta que existe un abundante presupuesto del gobierno de Peña Nieto para “controlar a los medios de comunicación”. Se habla de una cifra cercana a las 2 mil millones de dólares durante los primeros cinco años de su administración. Nunca antes se gastó tanto; un derroche desmedido. Desde una perspectiva histórica, el continuismo del porfiriato. Nada nuevo bajo el sol. Se paga para evitar algunos golpes y para ensalzar a y/o catapultar a algún personaje.
El punto central es que el jefe del Ejecutivo dispone de una cantidad enorme de dinero para “controlar” los medios. El reportaje del NYT no deja claro cuánto dinero se ha “invertido” en ellos para mantenerlos (parcialmente) alineados. Bien que mal, la crítica al sistema y al régimen no cesan día con día, desde un artículo hasta una caricatura. Los medios escritos, no los electrónicos, son, hoy por hoy plurales: se lanzan loas y, a la vez, se fustiga lo que contraviene a la sociedad.
El reportaje del NYT revela algo sabido desde siempre: hay una relación pecuniaria entre el poder político y la prensa. Por eso no es irrelevante el mandato de la Suprema Corte de Justicia para instar al Congreso que cumpla “con su obligación de legislar”, antes del 30 de abril próximo, el gasto en publicidad gubernamental. De cumplirse el mandato, México daría un paso más a la democracia y dejaría atrás (un poco) el autoritarismo. ¿Cómo?: aceptando la crítica. M