Denuncia un fraude inmobiliario y lo enjuician
Juez acusa “justicia por propia mano e indebido uso de medios”; el caso, en la CNDH
La juez acusa “justicia por propia mano e indebido uso de los medios”
Por denunciar ante medios de comunicación un presunto fraude en la venta de departamentos en el municipio de Zempoala, Hidalgo, Leonardo García Vázquez es juzgado por difamación. “Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea, desde el momento que se compartió la información” a un reportero, según la juez, Sissi Anette Rodríguez Fernández.
Si el acusado “consideraba que se había cometido un fraude por la forma que se hubiera construido las casas, para eso está el fraude específico que se prevé en el capítulo de delitos patrimoniales del Código Penal, iniciado la acción correspondiente y presentar la querella… no pueden las personas hacerse justicia de propia mano, utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”, afirmó la juez en la primera audiencia de la causa penal 138/ 2017.
Es decir, simplemente, para la juzgadora, la libertad de expresión de un ciudadano es letra muerta y éste estaría en riesgo de pisar la cárcel acusado de difamación.
Los hechos datan de julio de 2015, cuando una inundación de aguas negras dañó el patrimonio de decenas de familias que habitaban los 115 departamentos del complejo residencial Privada Esmeralda, en Zempoala.
Después de dos años, el drenaje no ha sido cambiado por las autoridades o por la Inmobiliaria Grupo Rico, que vendió en esa zona, según algunos vecinos.
La misma construcción del complejo habitacional está en entredicho. El ex subsecretario de Obras del gobierno de Hidalgo, Mario Antonio Rico Moreno, habría otorgado —según versiones de periódicos locales— por lo menos 270 licencias de construcción a la Constructora Sylmasa SA de CV, cuya propiedad se le achaca a él, junto con su hermana, Silvia. También, se presume que la inmobiliaria es de ambos.
Un dato adicional es que su hermano Benjamín es secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la actual administración estatal y fue secretario de Obras Públicas en la administración de Jesús Murillo Karam, además de que fue director general de Promotora Inmobiliaria Moreno SA de CV.
Sobre ese presunto fraude, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, afirmó que Mario Antonio Rico Moreno será investigado por presunto delito de “conflicto de interés”.
Desestimó que el ex funcionario pueda tener responsabilidad en su doble función de inmobiliario y funcionario estatal “Desde cuándo tiene ese señor, esas empresas... y solo hay un señalamiento y no hay acusación al respecto. Se va a ver si hubo alguna acción para favorecer (la entrega de las licencias) desde su puesto, pero si no hay esto no hay ningún problema”.
Después de amueblar y habitar su departamento en 2015, “seis meses después llovió y las aguas negras inundaron la sala, comedor, los muebles..., todo”.
La demanda central de algunos vecinos es que la inmobiliaria les devuelva el dinero que invirtieron, pues se sienten decepcionados y para ello llevan a cabo un juicio de “reclamación patrimonial”.
Después de tres años la protesta, vecinal ha escalado y, según la relatoría que hace Leonardo García ha habido oídos sordos.
Al ver que de manera individual las autoridades no les hacían caso en sus quejas, crearon un Comité de Vecinos que comenzó a visitar autoridades del ámbito municipal y estatal.
Estuvieron con la ex presidenta municipal de Zempoala, Selene Peña Ávila, con el ex gobernador, José Francisco Olvera Ruíz, y la contraloría, “pero no pasó nada”. Llegaron sus sucesores Héctor Meneses y Omar Fayad, respectivamente, pero quedó en palabras. “Pedimos una cita a la Secretaría de Gobierno y nos atiende el funcionario, Juan Ruiz Plasencia” quien solo recibió a Leonardo en abril del año pasado,” y me dijo que “van a solicitar recursos para que el problema se acabe”.
En un segundo encuentro, está presente Silvia Rico Moreno quien, “lejos de negociar, empieza a agredirme y el funcionario, deja que la señora suba de tono la conversación”.
Incluso el funcionario le dijo a Leonardo “bájale dos rayitas Leonardo, ya no saques publicaciones (denuncias ante medios)...”.
En ese segundo encuentro la empresaria lo amenazó: “Te voy a demandar por difamación”, pero él le respondió “tengo pruebas para demostrar que no solo me engañó a mí, sino a mucha gente”.
Dicho y hecho, el pasado 11 de enero Leonardo fue detenido al salir de su casa de Ecatepec, esposado y llevado inmediatamente al Cereso de Actopan, Hidalgo, “como si fuera un delincuente”, y es cuando inicia el juicio en su contra, promovido por los empresarios.
Actualmente, está en libertad, aunque cada 15 días tiene que ir a firmar al juzgado, y su próxima audiencia será a mediados de marzo.
El caso está en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ya contactó a Leonardo. Éste, confiesa “me siento temeroso de que me suceda algo. están coartando mi libertad de expresión”. M
Siento temor de que me pase algo; “están coartando mi libertad de expresión”, afirma