Elba, un peligro para la estabilidad: PGR
Señala que el departamento de Gordillo se ha convertido en “despacho”, donde recibe a decenas de personas, “desconociendo para qué fines”
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Un juez federal restringió las visitas y llamadas telefónicas de Elba Esther Gordillo, porque la Procuraduría General de la República argumentó que la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aún tiene influencia moral y puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
La dependencia federal señaló que el departamento de la maestra se ha convertido en un “despacho” donde recibe a decenas de personas, “desconociendo para qué fines”.
El acuerdo que limita el régimen de visitas y llamadas de Elba Esther fue emitido por el juez sexto de distrito de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, quien la sujetó a proceso penal en 2013.
La decisión del juzgador ocurre cuando un sector del magisterio se ha pronunciado contra el actual dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien adelantó la celebración del Congreso Nacional Extraordinario del gremio, donde fue reelegido secretario general el pasado lunes, pese a existir una suspensión otorgada por un juez de amparo que le impedía encabezar actos como presidente del citado congreso.
Mientras que maestros de 30 estados interpusieron amparos contra Díaz de la Torre y han expresado públicamente que regrese la maestra.
La petición que PGR presentó el pasado 8 de febrero, ante el juez federal, menciona lo siguiente: “La procesada fungió como presidenta del SNTE, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación, que tiene a su alcance, evidentemente podría desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano. “Por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión preventiva”.
La maestra tiene 24 horas para proporcionar la lista de amigos, familiares, abogados y médicos con copia de su identificación y comprobante de domicilio para que solo ellos puedan visitarla. De no entregar la lista en dicho plazo, se cancelarán las visitas temporalmente.
Lo único que no avaló el juez fue que Elba vuelva a portar un brazalete electrónico, para monitorear sus movimientos.
Vigilancia limitada
La PGR manifestó al juez que el personal de la Agencia de Investigación Criminal desplegado para vigilar a la ex lideresa no tiene la posibilidad de observar de manera directa y permanente el interior de departamento confinado para la prisión preventiva domiciliaria, sino que solo cuenta con vigilancia en la periferia del edificio y en el exterior del departamento. “Dicha eventualidad, trae como consecuencia que no se tenga un conocimiento objetivo respecto de las comunicaciones y temas que se entablan con las personas que visitan a la procesada, que en ocasiones llega más de una decena de personas diariamente. “Por ello, esta representación social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sinfín de personas, desconociendo para qué fines”, señaló la PGR.
Gordillo no ha ofrecido entrevistas a medios de comunicación desde que el juez le concedió la prisión domiciliaria. En las
últimas semanas algunos de sus familiares abandonaron el partido Nueva Alianza, el cual tiene coalición con el PRI, para apoyar al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Impugnan
Como una “mordaza” propia de “regímenes totalitarios”, calificó la defensa de Elba Esther Gordillo la decisión del juez federal. “La maestra Gordillo ha mantenido entereza, prudente silencio, respeto a las instituciones y ausencia absoluta de afanes revanchistas. Se ha concentrado en su familia y en su defensa, exigiendo conforme a derecho, resolución de inocente en la que la política o cualquier otro motivo queden a un lado”, señaló el equipo de abogados a través de un comunicado.
La sentencia de amparo que dio lugar a la prisión preventiva domiciliaria, señaló la parte quejosa, fue enfática en que dichas medidas no deben trastocar derechos fundamentales, como ahora se pretende, “con base en criterios que parecen más políticos que jurídicos, confirmando que la maestra Elba Esther ha sido víctima de un asunto penal con tintes políticos que le dieron origen. Esta mordaza propia de regímenes totalitarios, no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Y es que la prisión domiciliaria consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su domicilio en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue”, detalla el comunicado.