Milenio

ARTICULIST­A INVITADO GILBERTO GUEVARA NIEBLA

A quienes luchamos por la educación nos preocupa que el tema se haya convertido en una especie de mercancía barata dentro del mercado de la retórica electoral

- ARTICULIST­A INVITADO GILBERTO GUEVARA NIEBLA*

Reforma educativa: ¿derogar o cambiar? Segunda parte

La literatura clásica postula que la democracia requiere, para su adecuado funcionami­ento que exista entre sus ciudadanos un conjunto de valores políticos: moderación, tolerancia, civilidad, racionalid­ad, eficacia, conocimien­to y compromiso con el interés colectivo. No es fácil identifica­r esas virtudes en el ruidoso debate electoral, o preelector­al, en el que estamos naufragand­o.

En nuestra realidad electoral han aparecido propuestas que, por su significad­o, equivalen a verdaderos actos de terrorismo simbólico, donde no se respeta ningún límite, ni se atiende a las evidencias que se desprenden de la realidad. Es el caso de los partidos y grupos de docentes que en materia de educación solo tienen una idea: “echar abajo la reforma educativa”.

A quienes luchamos por la educación nos preocupa que el tema educativo se haya convertido en una especie de mercancía barata dentro del mercado de la retórica electoral. Es alarmante que el malestar que existe realmente en el sector magisteria­l —ignorándos­e las causas que lo han provocado— busque ser explotado por los candidatos haciendo caso omiso de la realidad educativa del país.

Las decisiones políticas no son ajenas al juicio moral y, por lo mismo, cabe preguntars­e si el ganar X número de votos está por encima de la educación (que es la empresa más importante del país) o está por encima del derecho de niños y jóvenes a recibir una educación de calidad. La idea de echar abajo la “mal llamada reforma educativa” no se funda en un criterio que beneficia a la educación, sino que es un recurso demagógico que apela al sentimient­o de agravio que priva entre algunos maestros.

Dentro de la batalla electoral; no obstante, aparecen datos esperanzad­ores. El más notable de estos es que Andrés Manuel López Obrador declaró recienteme­nte que se propone enviar al Congreso una nueva versión de Ley del Servicio Profesiona­l Docente, con la intención manifiesta de “eliminar la evaluación punitiva”. ¿Cómo interpreta­r estas declaracio­nes? Si se quiere reformar la Ley del Servicio Profesiona­l Docente debemos pensar que se renunció a la idea de “derogar la reforma educativa”.

Si esto es verdad, el líder de Morena merece un reconocimi­ento, puesto que flexibiliz­a un problema que, por sus declaracio­nes previas, se había convertido en campo minado. Esto significa que ya nadie juega al todo o nada. La disputa ahora se ubica en los cambios que deben hacerse a la Ley del Servicio Profesiona­l Docente, lo cual parece razonable y civilizado.

No se trata, entonces, de suprimir la evaluación docente (que tiene múltiples funciones) sino solo dice el tabasqueño, eliminar la “evaluación punitiva”. No hay duda al respecto: lo que se quiere es acabar con la evaluación que tiene impacto sobre la permanenci­a que estipula que si un profesor no muestra competenci­as mínimas en tres evaluacion­es sucesivas debe ser separado del aula, en unos casos, o desposeído de su plaza, en otros.

Evidenteme­nte, lo que la sociedad pretende con esta evaluación es impedir que un docente que carece de aptitudes, de vocación, y de la preparació­n mínima para enseñar siga dando clases puesto que, con esos atributos negativos, su actuación ante los alumnos sería perniciosa. Lo que orientó al legislador en este caso, fue dar prioridad al derecho superior de los alumnos a recibir una educación de calidad y protegerlo­s de los malos maestros.

Los profesores pésimos no deben dar clase. Los otros dos argumentos que se mencionan en el pacto que, se dice, firmó López Obrador con el grupo de Elba Esther Gordillo —que se garanticen los derechos laborales y gremiales y que se respeten las plazas de base— son asunto administra­tivos que no tienen ningún valor para efectos de la reforma educativa o el Servicio Profesiona­l Docente; en cambio, el tercero, que propone hacer funcionar de nuevo a la llamada carrera magisteria­l es una evidente maniobra de la facción sindical de Gordillo que pretende revivir un sistema de estímulos salariales a los docentes que ellos adulteraro­n y corrompier­on para beneficiar al sindicato, a los líderes sindicales y a sus amigos. m

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