Aun cuando las mujeres conforman 52 por ciento de la población, la propuesta en la materia de los actuales presidenciables es escasa
La agenda de género de los tres últimos presidentes se enfocó en crear programas de desarrollo social para dar dinero a las mujeres, que lejos de abrirles mejores oportunidades de empleo, salario, salud y educación, las sigue mirando como “grupo vulnerable” que debe recibir “ayuda económica”.
Los candidatos presidenciales de todos los partidos han dejado de lado propuestas para atender temas prioritarios de la agenda feminista, como la violencia de género y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad.
A propósito del presente proceso electoral, Cimacnoticias revisó las agendas políticas de género de las últimas tres administraciones: los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en los periodos 2000-2006 y 2006-2012 y el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012 a 2018. Si bien en 2000 el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, significó un contrapeso político y la “esperanza de democratizar la política”, las mujeres estaban ausentes de las propuestas presidenciales.
Aun con ello, con Fox se inició la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. El movimiento de mujeres y el feminista en alianza con diputadas y senadoras del Congreso de la Unión lograron avances en normativas para los derechos humanos (DH) de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, de discriminación y para garantizar la igualdad o erradicar la trata de personas.
En este periodo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para dirigir la política nacional de igualdad; se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Otros avances de la agenda de género en los gobiernos panistas fueron los programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Ambas administraciones se comprometieron a incluir un enfoque de género transversal en materia de empleo, educación y vivienda.
Aun cuando el movimiento amplio de mujeres logró concretar aspiraciones legislativas en materia de violencia, Vicente Fox se negó a reconocer la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurando que era un problema local.
Fueron feministas y diputadas quienes exigieron a Fox reconocer el feminicidio en Juárez y a los funcionarios llegar a la verdad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera norte del país. En materia de violencia, un paso importante para los DH de las mujeres fue la creación de la LGAMVLV y su reglamento, que hizo posible el decreto de la Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país. Pese a que el PAN se apropió del discurso feminista sobre la igualdad de género, éste fue reelaborado desde la tradición conservadora del partido, manteniendo a las mujeres en el rol reproductivo y como pilares de la familia “tradicional”. Fox y Calderón reafirmaron su postura en contra de la maternidad voluntaria y otros temas en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).
Cuando en 2007 el movimiento amplio de mujeres y feminista en el entonces Distrito Federal lograron la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los panistas cerraron todas las vías para que este derecho se replicara en otros estados del país. Así, en el periodo calderonista, 17 entidades reformaron sus Constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.
Con el triunfo del PRI en 2012, el tema del acceso al aborto continuó sin tocarse y ausente en la agenda. Si bien Enrique Peña Nieto en su campaña aseveró que no se puede criminalizar a las mujeres por tener un aborto, no se comprometió a legalizarlo y aclaró que los Congresos de cada estado debían decidir “en razón de sus costumbres y tradiciones”. Una demanda añeja del movimiento de mujeres fue conseguida en este sexenio. En octubre de 2013 Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de eliminar la cuota de género de 40 por ciento e instaurar la paridad (50-50) en candidaturas a diputaciones federales, locales y senadurías.
Aunque el mandatario presentó la propuesta, fueron las legisladoras y las defensoras de la participación política quienes debatieron en el Congreso para defender este derecho. Durante la discusión de la reforma político-electoral entre 2013 y 2014, diputadas y senadoras enfrentaron a sus compañeros varones para insistir en la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de dar la mitad de las candidaturas a las mujeres.
Para estas campañas presidenciales —que comenzarán el 30 de marzo y cerrarán el 27 junio próximos— los candidatos tendrán la oportunidad de crear propuestas acordes a las necesidades reales de 52 por ciento de la población, que son las mujeres y quienes constituirán 48 por ciento del padrón electoral. m