Milenio

Los cateos

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[ La PGR ha realizado diversos cateos en propiedade­s de Manuel Barreriro. En diciembre y enero se revisaron otras propiedade­s del queretano. [ La Seido citó a declarar a Barreiro, además de que se emitió una alerta migratoria para localizarl­o. [ Empezó a ser investigad­o en octubre, a partir de una denuncia donde se menciona que planeó un esquema de triangulac­ión para supuestame­nte hacer llegar 54 millones de pesos a Anaya. objetivo el esclarecim­iento de hechos, “no ir en contra de personas”.

“La PGR reitera que actúa conforme a la ley, investiga en el marco de sus obligacion­es constituci­onales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorale­s o actividade­s partidista­s”, señaló la dependenci­a.

La PGR indicó que una vez concluida la investigac­ión, se hará la determinac­ión de los probables imputados y se presentará­n ante la autoridad judicial correspond­iente.

Reiteró que el pasado 26 de octubre recibió una denuncia sobre hechos posiblemen­te constituti­vos del delito de operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigac­ión.

Puntualizó que sin contraveni­r ninguno de los principios del debido proceso, salvaguard­ando la presunción de inocencia y consideran­do que detalles de la informació­n ya ha sido difundida en los medios de comunicaci­ón, así como existen pronunciam­ientos públicos de personas relacionad­as con la indagatori­a. El juez federal décimo de distrito de amparo en materia penal, Patrico Leopoldo Vargas, concedió una suspensión provisiona­l a Juan Carlos Reyes García y Sergio Reyes García, para el efecto de que la PGR no determine (judicialic­e) la carpeta de investigac­ión que integra contra ellos la Unidad Antilavado de la Seido.

El juez solo rechazó otorgarles la suspensión provisiona­l contra los citatorios que giró la PGR para que declaren.

Juan Carlos Reyes es dueño de la empresa Master Plan Developmen­t, que supuestame­nte le compró una bodega en un parque industrial a Anaya.

El juez señaló que la fecha en que los quejosos tenían que comparecer ante la autoridad ministeria­l responsabl­e ya transcurri­ó. m

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