Moralistas y realistas, ¡uníos!
Sobre las investigaciones en curso respecto de los haberes de Ricardo Anaya, los comentarios se han producido desde dos ámbitos distantes uno de otro. En la óptica partidaria, se pronuncian sobre el fondo de la indagación. ¿Hubo o no ilícitos en las inversiones del candidato del Frente? En esa óptica, se han pronunciado Enrique Ochoa, Aurelio Nuño, Javier Lozano, Meade, Margarita Zavala y hasta el propio López Obrador, quien demanda inhabiliten no solo a Anaya sino también a Meade y así sea el candidato único. Está bien. Sea pues.
El otro ámbito, desde el cual la escandalocracia ha atacado el problema, es de orden procesal y tiene dos vertientes: una, moralista, y otra, realista.
La vertiente moral acusa al gobierno de tomar partido, de no ser neutral, de carecer de la imparcialidad democrática que según los críticos debería distinguir al actuar gubernamental. Suena muy bien, salvo por ingenuo y mentiroso. Un gobierno, en lo electoral, nunca es neutral, sea una dictadura o una democracia de pleno derecho como es la mexicana. Menos aún cuando en la ecuación de los opositores el adversario es el gobierno, más que el contrincante formal, que sería su partido y su candidato. Esa realidad la plasma de manera sintética el exabrupto de Diego Fernández de Cevallos: “Son hijos de puta”. Son, sin destinatario específico, en la precisión de castellano antiguo de la que se jacta el ilustre panista. Perseguir en campaña electoral, judicialmente a su candidato, solo se explica si efectivamente son lo que dice El Jefe Diego. ¿Jefe de quién? ¿Jefe de qué? ¿De un sistema de procuración de justicia que ha dado a Fernández de Cevallos la oportunidad para desplegar su talento en la acumulación de una fortuna multimillonaria? De veras, en algo tiene razón y a ratos sí dan ganas de decirles que “son unos hijos de puta”.
En la misma vertiente moralista hay quienes argumentan que cómo es posible que la instancia de administración y procuración de justicia la emprenda contra El Joven Maravilla habida cuenta de otras prioridades. Es decir, al absurdo, que antes caigan otras prioridades que un delincuente menor como Anaya.
Todo gobierno puede perseguir a quien se le dé la gana y en el momento que así lo decida si cuenta con los elementos legales para hacerlo y, llegado el caso, acudir al Poder Judicial para que intervenga contra el investigado. Esa es la legalidad de una democracia, aunque a los intelectuales antipriistas, que son muchos, y proanayistas, que son pocos, los hechos en curso les indignen. Se comprende su indignación. Perder es muy enojoso y más como dirían los contemporáneos cultos, si no se tiene “resiliencia” ante el fracaso.
La vertiente realista es más de tomar en serio. ¿El saldo electoral para el gobierno de perseguir a Anaya será positivo? En principio, la hipótesis es no, si no llegan hasta sus últimas consecuencias, incluida la inhabilitación. Si lo dejan vivo, al adversario no se le vence con un par de cachetadas. Se le acaba o no. Punto final. ¿Tiene el gobierno los elementos? Vamos a ver si puede con la crítica. M