La renuncia de un presidente corrupto
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunció al alto cargo que la ciudadanía de su país le había encomendado. Renunció para evitar la vergüenza que le habría ocasionado su destitución por el Congreso. No pudo eludir los venenosos tentáculos de ese “monstruo” llamado Odebrecht. Renunció porque las pruebas en su contra, por corrupto, eran contundentes. En su mensaje de despedida afirmó “que su renuncia tenía como razón garantizar la gobernabilidad de su país”. No, la renuncia fue por corrupto.
Kuczynski fue ministro de Economía durante el periodo presidencial de Alejandro Toledo (2001-2006). La ponzoñosa empresa Odebrecht habría “obsequiado” a Toledo, hoy prófugo de la justicia, 20 millones de dólares. Una parte de ese dinero fue a parar en las arcas de las empresas del hoy defenestrado ex presidente. Su renuncia ha complicado el escenario diplomático de Perú. A mediados del próximo abril se llevará a cabo la VIII Cumbre de las Américas en Lima. Trump, se dice, asistirá al evento mencionado. Acudirán también el presidente Temer de Brasil, que está indiciado por haber recibido 3.5 millones de dólares (de Odebrecht, por supuesto) para su partido político. El ex presidente Lula ha sido condenado a 12 años de prisión.
El presidente de Colombia, desde 2010, Juan Manuel Santos, está también indiciado por haber recibido “propinas” de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales en 2010 y 2014. Para complementar el asunto, el tema de la VIII Cumbre de las Américas, a la que asistirá también el presidente Peña Nieto, tiene un tema que debe inquietarles a muchos de los jefes de Estado participantes: “La gobernabilidad democrática frente a la corrupción” (Léase el artículo a Ana María Salazar, “La cumbre de los corruptos, perdón, Cumbre de las Américas”. El Financiero, 21/ III/18). ¿Con que argumentos discutirán el tema? ¡Con qué cara entablarán el debate?
El caso de Kuczynski demuestra que la ley puede ejercerse, no solo estar escrita. En su caso, además, se quiso sobornar a algunos congresistas para que no votaran por la dimisión. Sin embargo, resulto peor pues puso en evidencia que las pruebas en su contra eran irrefutables, tal como lo demuestran algunos videos difundidos al respecto. Lo anterior demuestra que la empresa brasileña Odebrecht recorrió muchas latitudes latinoamericanas para corromper como camino infalible por la ganancia desmedida. Desde Brasil, cuna de la investigación de este emblemático caso de corrupción empresarial, han llegado evidencias que indican el involucramiento de algunos funcionarios mexicanos. Se ha señalado como presunto “beneficiario” del dinero a Emilio Lozoya y al PRI. Sin embargo, la PGR, institución que tendría que investigar el caso (supuestamente concluido), no ha movido un dedo para dar a conocer lo que realmente sucedió. El gobierno federal mexicano se envuelve otra vez en un manto de opacidad. Lo anterior explica al cese del fiscal Santiago Nieto, encargado de la investigación correspondiente sobre el tema. Más temprano que tarde se sabrá que sucedió al respecto. Sin embargo, lo acontecido en Perú deja una lección y una advertencia: la corrupción presidencial se castiga. M