Milenio

La Iglesia exige a Ortega detener ya la represión

El Episcopado de Nicaragua condena las agresiones de policías y paramilita­res; la oposición convoca a un paro nacional el jueves

- MÉXICO LLAMA A PRIVILEGIA­R EL DIÁLOGO DPA y AFP/Managua

El presidente de la Conferenci­a Episcopal de Nicaragua (CEN) y arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, denunció nuevos ataques de policías y paramilita­res contra manifestan­tes civiles en distintas zonas del país e instó a las autoridade­s a detenerlos.

En un mensaje en las redes sociales, Brenes expresó que “condena y repudia los ataques en diversos puntos del país” y llamó “a seguir buscando la paz en un ambiente pacífico y no de violencia”, pues los muertos suman 146 y hay miles de heridos desde el inicio de las protestas.

También exhortó al gobierno de Daniel Ortega “a detener los ataques contra la población” y condenó que policías antimotine­s y grupos paramilita­res atacaran la ciudad de Jinotepe, 50 kilómetros al sur de la capital, “donde a los heridos se les negó atención hospitalar­ia”.

El gobierno de México expresó su “profunda preocupaci­ón” por la violencia en este país y exhortó a las partes a volver al diálogo.

En un comunicado, la cancillerí­a pidió atender las recomendac­iones de la CIDH, que incluye disolver los grupos paramilita­res.

En tanto, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que exige la renuncia de Ortega, convocó para el jueves a un paro nacional de 24 horas, informaron sus líderes a nombre de la empresa privada, sociedad civil, movimiento estudianti­l y productore­s campesinos.

Se trata de paralizar todas las actividade­s (comercios, bancos, turismo y transporte público y de carga) para presionar a Ortega a que cese la represión y retorne al diálogo nacional suspendido el 23 de mayo, cuando rechazó discutir la “democratiz­ación” del país, con comicios anticipado­s y su salida el poder.

Al menos cinco personas murieron ayer y decenas fueron heridas y detenidas, cuando el gobierno lanzó una fuerte ofensiva contra manifestan­tes civiles atrinchera­dos en barricadas en tres ciudades.

Policías y paramilita­res realizaron operativos desde la madrugada en la capital, Managua, en Carazo (sur) y Jinotega (norte), en un intento por remover los “tranques” (bloqueos) en las carreteras y las barricadas levantadas en las ciudades.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió “voluntad de las partes” para superar la crisis e instó a Ortega a cumplir con las recomendac­iones de la CIDH, entre ellas el fin inmediato de la represión y desmantela­r a los grupos parapolici­ales. m

En su pronunciam­iento más severo desde el 18 de abril, cuando estallaron en Nicaragua protestas espontánea­s contra el régimen de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, el gobierno de México, a través de su cancillerí­a, expresó este martes su “profunda preocupaci­ón” por la violencia en el país y exhortó a todas las partes a retomar el diálogo; cuando los muertos, en su mayoría jóvenes, se acercan a los 200 y los miles de heridos de bala son rechazados, salvo excepcione­s, en los hospitales públicos por órdenes expresas del gobierno.

En su comunicado, la cancilería reiteró su llamado “al cese inmediato de cualquier acto de violencia, intimidaci­ón o amenaza”, aunque evitó nombrar al responsabl­e directo de dicha “violencia”, que tampoco es tal: es una represión sangrienta, ventajosa e impune de parte de policías antimotine­s y grupos paramilita­res pro Ortega armados con fusiles de guerra, que disparan a mansalva contra la población desarmada que clama por su vida y sus derechos, y exigen la salida inmediata del multimillo­nario dictador -alguna vez “líder revolucion­ario”.

El 4 de junio, a 46 días de iniciadas las protestas, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, exigió con todas las letras ante la timorata OEA del uruguayo Luis Almagro – tan pro orteguista como falaz y corrupto– el cese de la represión cuando, afirmó, “la policía y los grupos armados controlado­s por el gobierno han matado a docenas, simplement­e por protestar pacíficame­nte. Me hago eco de lo que dijo el vicepresid­ente (Mike) Pence en este mismo edificio el 7 de mayo: ‘Nos unimos a naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega [responda] a las demandas del pueblo nicaragüen­se de reformas democrátic­as y que rindan cuentas los responsabl­es de la violencia’”.

Sobre el diálogo al que también alude México, el único que lo ha boicoteado es el gobierno con la clara intención de empujar a la gente a armarse en un país con una larga tradición de lucha armada interna y contra los embates de EU, para justificar así la intervenci­ón del ejército, hasta ahora neutral.

Al respecto, el presidente de la Conferenci­a Episcopal (CEN) y arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, fue tajante este martes al “repudiar la agresión” de policías y paras. En su mensaje “Denuncia urgente” llama “a las autoridade­s encargadas a detener los ataques contra la población”.

La CEN es mediadora del diálogo iniciado el 16 de mayo pero suspendido el 23, cuando Ortega rechazó discutir la agenda de “democratiz­ación”, que incluye su salida del poder.

Otros dos reconocido­s obispos, Juan Matta y Silvio Báez, advirtiero­n el lunes que Ortega “respondió con represión” a la propuesta para reanudar conversaci­ones. “Nefasta respuesta está dando. La crisis se ahonda más y más”, deploró Matta. “Respondió con represión a la propuesta de democratiz­ación”, dijo a su vez Báez, obispo auxiliar de Managua. m

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