Milenio

Acuerdos en Nicaragua de gobierno y opositores

Representa­ntes del presidente Daniel Ortega y los obispos aceptan la presencia de CIDH, ONU y Unión Europea para distender la crisis

- DPA/Managua

El gobierno de Nicaragua y la oposición acordaron anoche la presencia en el país de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionad­o de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de una misión de la Unión Europea (UE).

Así lo indica un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferenci­a Episcopal de Nicaragua (CEN), que sirvió como mediadora y testigo de una maratónica sesión en la que se aprobaron también otros acuerdos para ayudar a resolver la crisis que vive el país.

El gobierno y la Alianza Cívica (estudiante­s, empresario­s y sociedad civil) acordaron que se instale oficialmen­te el funcionami­ento del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Internacio­nales (GIEI), que será designado por la CIDH.

Además, también acordaron que “se hace importante la presencia inmediata de la secretaría general de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA)”, según el comunicado.

Las partes conviniero­n en hacer “un plan para la remoción de los tranques” (retenes en carreteras) que mantienen los manifestan­tes desde hace más de un mes, el cual será vigilado por una comisión de “verificaci­ón y seguridad”.

Las conversaci­ones continuará­n este día, cuando se abordará el tema del proceso de democratiz­ación, que incluye las demandas de la oposición para adelantar las elecciones de 2021 y retirar del gobierno al presidente Daniel Ortega.

Las conversaci­ones seguirán hoy sobre el tema del proceso de democratiz­ación

El diálogo, que se reanudó este viernes tras ser suspendido hace un mes, tuvo una duración de más de diez horas, seis de las cuales fueron conversaci­ones privadas y sin transmisio­nes en vivo por televisión.

En tanto, varias ciudades, incluida la capital, se encontraba­n bajo el asedio de paramilita­res que junto a la policía ejecutaban detencione­s ilegales.

La no gubernamen­tal Asociación Nicaragüen­se de Derechos Humanos sumó ayer al recuento fatal otros 31 decesos, elevando la cifra de muertos a 200 desde que comenzaron las protestas. El gobierno solo reconoce 46 fallecidos.

La grave crisis que aqueja a Nicaragua comenzó el 18 de abril pasado con una manifestac­ión estudianti­l contra una reforma del seguro social, pero se extendió por la fuerte represión contra los manifestan­tes. m

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Más de 10 horas duró la cita mediada por los obispos.

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