Ratificación de mandato
AMLO ha propuesto introducir en la Constitución la figura de la ratificación del mandato; en principio, habló de realizarla cada dos años, aunque recientemente señaló que debería ser concurrente a la elección intermedia
En la práctica sería un expediente nocivo y desastroso para el pluralismo
Hay propuestas que en teoría son irrefutables, pero que en la práctica son claramente contraproducentes al propósito que las inspira. La democracia directa no deja de ser una seducción que recorre el espectro del autoritarismo versus la democracia representativa. La tesis de que el pueblo manda es, en principio, incuestionable; el tema de fondo es cómo hacemos realidad ese ideal, cuáles son los mecanismos, los medios y los procedimientos. El referendo y el plebiscito son figuras muy importantes, pero excepcionales o complementarias. Recurrir a éstas con el fin de desplazar o doblegar a los parlamentos no solo es contraproducente, ha sido uno de los medios de los que lo dictadores han echado mano para imponer su voluntad por encima de las instituciones.
El candidato presidencial López Obrador ha propuesto introducir en la Constitución la figura de la ratificación del mandato. En un principio, habló de realizarla cada dos años, aunque recientemente señaló que debería ser concurrente a la elección intermedia. La propuesta parece ser razonable, ya que se le daría a la ciudadanía la oportunidad de pronunciarse sobre la satisfacción o insatisfacción con respecto a la gestión del gobernante y, de ser el caso, darle a la gente el poder de la remoción. En la práctica sería un expediente nocivo y de consecuencias desastrosas para el pluralismo, la equidad y la misma democracia representativa.
Regularmente, los autócratas gozan de mayor popularidad respecto a los gobernantes en una circunstancia democrática, esto último se debe a las libertades, el pluralismo y el cada vez mayor escrutinio público al poder. Pero es importante señalar que popularidad y eficiencia no siempre van de la mano. Muchas de las decisiones que se deben tomar desde los gobiernos no necesariamente obtienen aceptación o respaldo popular; de allí que las democracias modernas utilicen otros mecanismos para la renovación de poderes. En los países con sistema parlamentario se resuelve con facilidad, ya que es una decisión de la mayoría legislativa. El relevo en el gobierno puede ocurrir por un voto de censura y esto puede llevar a una nueva elección, o incluso a que el mismo parlamento designe un nuevo gobierno si es el caso de que se erige una mayoría derivada de las coaliciones, como ocurrió recientemente en España.
Nuestro sistema presidencial supone y requiere de la estabilidad en el encargo. Por esta razón, el Congreso tiene facultades limitadas para enjuiciar al Ejecutivo. Los casos judiciales en su contra se remiten a traición a la patria y delitos graves del orden común, asimismo, la Constitución determina que el cargo solo es renunciable por causa grave, la cual deberá ser califi- cada por el Congreso. Un presidente con estabilidad no solo le permite proteger a la investidura del asalto de otros poderes, grupos políticos e intereses fácticos, también es una protección para cumplir su encargo.
La propuesta de López Obrador, para efectos prácticos, no es otra cosa que una forma de reelección presidencial con todos los inconvenientes que ello representa. Particularmente que se trataría de una elección, como sucede en el sistema estadunidense, con una campaña electoral con el presidente en el cargo, lo que compromete la equidad en la contienda y propiciaría que el mandatario, al menos en el año previo a la reelección, solo tome aquellas decisiones que no afecten sino que, por el contrario, lo ayuden a alcanzar su objetivo electoral.
Lo que ocurre en el sistema estadunidense es aleccionador sobre los resultados prácticos de la reelección desde el encargo. Lo primero que hay que destacar es la ventaja que tiene el funcionario a reelegirse, ya que casi siempre lo logra. La ratificación del mandato como la que se propone en México tiene una ventaja adicional: no hay contendientes que aspiren a derrotarlo, una campaña sin competencia.
Lo que ocurre en la reelección de senadores y diputados en el sistema estadunidense revela cifras por encima de 90 por ciento de éxito, respecto a los que les compiten. Más aún, los datos sobre financiamiento son reveladores de la inequidad: los senadores que buscan reelegirse reciben en “donativos” 13 veces más respecto a los que les compiten; los representantes que se reeligen, siete veces más.
La ventaja del partido gobernante en la ratificación de mandato repercutiría en las elecciones concurrentes, especialmente en la de diputados. Así, la campaña desde la Presidencia sería un medio para incidir de manera ventajosa en las elecciones de diputados, así como en los comicios locales concurrentes, y en las elecciones de gobernador en nueve estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
Lo que es preciso destacar en torno a la mecánica del equilibrio de poderes es que la ventaja que obtendría el partido gobernante sería la construcción de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, muy probablemente, ya que las coaliciones son lo de ahora, mayoría calificada en el Congreso y mayoría en la mitad más uno de los Congresos locales, circunstancia que permitiría cambiar la Constitución sin considerar a la pluralidad.
En condiciones de dificultad del presidente, ante una opinión pública adversa y un Congreso no afín, la ratificación de mandato propicia lo que sería un virtual golpe de Estado, precisamente por la manera como se resuelve el reemplazo, esto es la decisión del Congreso, erigido en Colegio Electoral.
Las mejores normas constitucionales no son las que resultan de los apetitos de poder del grupo gobernante en turno, sino las que derivan de la historia: son reformas que se inspiran de los procesos traumáticos o críticos que hemos vivido como nación, y se resuelven con un sentido de perspectiva. Es popular y convoca el aplauso fácil ofrecer que los electores puedan remover a un presidente, pero la estabilidad en el cargo de titular del Poder Ejecutivo alude a uno de los periodos más dolorosos de la historia política nacional, que es el golpe de Victoriano Huerta contra el presidente Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez —paisano, por cierto, de quien ahora propone debilitar al Ejecutivo—, quienes fueron despojados del poder y de su vida.
El voto popular es imperfecto, pero indispensable. También lo es el debate y la deliberación sobre el origen y el futuro de nuestras instituciones, entre éstas, la fundamental de nuestro sistema político: la Presidencia de la República.