Y paramilitares han sumido a la población, que exige la salida de Ortega, en un baño de sangre
Las agresiones de policías
Ados meses de iniciar la crisis que ha convulsionado a Nicaragua, el país sigue sumido en el caos y el terror, lejos de una solución negociada que ayude a resolver el peor conflicto desde el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979.
Al menos 215 personas han muerto desde que iniciaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega el 18 de abril, informó ayer Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). La muerte más reciente ocurrió ayer en Masaya, al este de Managua, donde un joven fue baleado por policías y paramilitares al intentar incursionar en la ciudad controlada por manifestantes y pobladores civiles.
“Tenemos hasta hoy 215 ciudadanos asesinados por el gobierno y sus órganos paramilitares que están enlutando al país con una desmedida y brutal agresión”, dijo Leiva. El gobierno registra solo 46 muertos.
La primera protesta estudiantil estalló el 18 de abril por una reforma del Seguro Social, pero se multiplicó tras la violenta acción policial y de fuerzas de choque contra universitarios desarmado. Tras un mes de tensiones, el diálogo nacional se instaló el 16 de mayo pero se suspendió una semana después por falta de consenso entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, que agrupa a estudiantes, sociedad civil y empresarios que exigen su salida del poder.
El diálogo se reanudó el viernes y el gobierno prometió “cesar la violencia venga de donde venga”, pero el sábado seis miembros de una familia, incluyendo dos bebés, fueron quemados vivos en una vivienda en Managua. Los vecinos dijeron a haber visto a policías y paramilitares incendiar la casa, pero el gobierno acusó a “delincuentes de la derecha”.
El suceso estremeció a la ciudadanía. Vecinos y sobrevivientes de la tragedia culparon a Ortega del ataque, lo que puso en duda la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos cuando, a la vez, hay más de mil 400 heridos desde abril, en su mayoría de bala.
En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades se han visto presas del terror por la inédita presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres fuertemente armados en redadas contra opositores. En muchos casos, esos elementos encapuchados y vestidos de negro se exhiben junto a policías
Este lunes prosigue el diálogo, pero el gobierno rechaza la exigencia de renunciar
uniformados con fusiles de asalto AK47 y rifles M-16, algo nunca visto en tiempos de paz en el hasta hace poco “país más seguro de Centroamérica”.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), Gonzalo Carrión, acusó al ejército —que prometió no involucrarse— de estar “comprometido en el estado de terror” al tolerar desplazamientos de grupos irregulares con fusiles de alta precisión; recordó que solo milicia y policía tienen acceso a ese armamento.
Entre otros acuerdos del diálogo, el gobierno accedió el viernes a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea envíen misiones al país para investigar las muertes, sancionar a los responsables y resarcir a las familias de las víctimas. Pero, el punto más espinoso de las negociaciones es la democratización, pues la oposición intentará incluir temas como una reforma constitucional, el adelanto de los comicios de 2021 y la salida de Ortega del poder a corto plazo.
“No aceptaremos imposiciones que rompan el ordenamiento jurídico y las reglas del juego establecidas para cambiar gobiernos a través de elecciones”, advirtió el canciller Denis Moncada.
El tema, como los demás, se discutirá en una comisión a partir de este lunes cuando el principal reclamo del gobierno es que los campesinos retiren más de 140 “tranques” (retenes) que impiden la circulación de unos 4 mil furgones de carga con productos varados hace semanas en las carreteras que comunican con el resto de Centroamérica, lo que supone más de mil millones de dólares en pérdidas, según economistas; una cifra muy alta para el segundo país más pobre de Centroamérica.
Pero la líder campesina Francisca Ramírez advirtió que los tranques se quitarán “cuando se vaya Ortega”.
La mayoría de las escuelas y todas las universidades siguen cerradas. De estas últimas, dos están bajo control estudiantil a menudo atacadas a tiros por policías y fuerzas irregulares. m