Sin justicia, las víctimas del New’s Divine: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que a 10 años del operativo policiaco fallido en la discoteca New’s Divine las víctimas siguen sin acceso a la justicia y uno de los pendientes es la localización de Guillermo Zayas González, quien fue encargado del Programa de Mando Único de la Policía, quien se encuentra sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposos. Al reunirse con los familiares de las víctimas, la titular de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, señaló: “Son 10 años de lucha de los padres y madres de los nueve jóvenes que murieron; de los más de 60 jóvenes y adolescentes que sufrieron lesiones; algunos de ellos permanentes. 10 años de lucha que se reflejan en algo que ustedes tienen que valorar. “Naturalmente no hemos cumplido y no se ha cumplido con todo lo que implica que ningún joven ni adolescente corra el riesgo su vida por divertirse”, expresó la funcionaria.
Por ello, llamó nuevamente al Gobierno de Ciudad de México a realizar todas aquellas acciones que, en el ámbito de sus atribuciones, permitan el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
En el operativo implementado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, ambas del entonces Gobierno del Distrito Federal, así como de la jefatura delegacional en Gustavo A. Madero, fallecieron 12 personas, nueve de ellas jóvenes o adolescentes y tres policías.
Al respecto, la CDHDF realizó una investigación en la que se constató la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la salud, a la seguridad jurídica, a la honra y dignidad, así como a derechos específicos de las mujeres y de la niñez.
Por esa razón, el 8 de julio de 2008, la CDHDF emitió la recomendación 11/2008, en la que —mediante 40 puntos— solicitó a las autoridades garantizar la reparación integral del daño causado a las víctimas y a sus familiares, incluido el reconocimiento de responsabilidad por parte de dichas autoridades y el acceso a la verdad y justicia mediante la sanción a las personas servidoras públicas responsables. M