El nuevo gobierno recibirá un país muy endeudado
El monto de la deuda mexicana es de enormes dimensiones. De acuerdo con algunas estimaciones, lo que se debe equivale a 46 por ciento del PIB: casi la mitad de la riqueza nacional. El gobierno de Peña Nieto, recientemente, pidió 200 mil millones de pesos más (mmdp), elevándose a 4 billones de pesos (1b= un millón de millones) el endeudamiento nacional. Cada mexicano debe ahora alrededor de 80 mil pesos (R. Raphael, El Universal, 27/VII/18). En este sexenio la deuda creció con mayor rapidez en comparación con las administraciones anteriores.
AMLO durante toda su campaña insistió, hasta el cansancio, en que la corrupción frena el crecimiento y ahoga al país. El tabasqueño ha hecho diversas propuestas para recuperar 500 mil millones de pesos, presuntamente mal gastados. Se ha mencionado al respecto el recorte de los sueldos de los funcionarios públicos, la suspensión de privilegios, etcétera. Si esa cantidad fuera empleada en inversiones productivas, se impulsaría, de manera gradual, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y cerraría la abismal brecha de la desigualdad.
Hasta ahora, sin embargo, no se ha mencionado que un monto equivalente a los recortes anunciados (más de 530 mmdp) es lo que se paga para cubrir los intereses, las comisiones y las amortizaciones de la deuda exterior contraídos por el gobierno (R. Rock, El Universal, 7/VIII/18). Una buena parte de la deuda adquirida por la administración presidencial actual, y las anteriores (2000-2012), navega en la más profunda opacidad. No existe explicación sólida de cómo se gastaron los recursos, lo que podría significar una sorpresa ingrata para el gobierno entrante y una mala jugada del saliente. ¿Serán destinados esos 200 mmdp para hacer de ellos el “año de Hidalgo”? Es una hipótesis que se hace plausible tomando en cuenta el desmesurado dispendio que tuvo lugar en la administración presidencial actual.
La transición de una administración a otra requiere transparencia absoluta de los “debes” y los “haberes”. Con una deuda de las dimensiones mencionadas se habría hecho posible un repunte de la inversión pública en infraestructura, lo que no sucedió. La inversión en el sector educativo no mostró incrementos significativos pero, en cambio, los gastos en ese rubro llamado Comunicación Social alcanzaron, en 2017, la cantidad de 1.96 mmdp, tan solo en la SEP. Si se compara esta cantidad con el monto que le fue asignado a esa dependencia por el Congreso —70.6 millones de pesos—, uno puede concluir que los recursos para la educación no fueron gastados con racionalidad. ¿Requirió tanto dinero la Reforma Educativa para hacerla posible? ¿Se necesitaba tanto para comprar camionetas Suburban, blindarlas y utilizarlas para ir al súper?
La transición es el momento para exigir cuentas claras a la administración saliente. No aclararlas implicaría que el gobierno entrante se hiciera un presunto cómplice de lo hecho. En el pasado, la deuda financió mucho de los boquetes que generó la corrupción. El anunciado México del cambio, de la cuarta transformación, no puede aceptar un legado como el que está dejando la administración priista que se va: una deuda rodeada de opacidad que obstaculizaría el proyecto de cambio que propone el próximo gobierno. M