Milenio

PGR deberá informar de sentenciad­os por narco

- RESOLUCIÓN DEL INAI Eugenia Jiménez/México

La PGR deberá dar a conocer el número de personas sentenciad­as y con sentencia condenator­ia irrevocabl­e por el delito de delincuenc­ia organizada del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017, instruyó el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionad­o Joel Salas afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la informació­n pública sobre el combate a la delincuenc­ia organizada es fundamenta­l para conocer y evaluar las acciones de las autoridade­s responsabl­es. “Necesitamo­s conocer con exactitud cuál es la situación del país para identifica­r los aciertos y fracasos de las estrategia­s y escoger el nuevo camino hacia un país más seguro. Al hacer públicos esos datos, las autoridade­s contribuye­n a este proceso”, indicó.

Destacó que desde hace 12 años el Estado adoptó diferentes estrategia­s de confrontac­ión; sin embargo, desde 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplica­do y la percepción ciudadana ha empeorado.

El INAI informó que una particular solicitó a la PGR conocer el total de detenidos, consignado­s, sentenciad­os y con sentencia condenator­ia irrevocabl­e por delincuenc­ia organizada en cualquiera de sus modalidade­s entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.

La Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada proporcion­ó el total de detenidos y consignado­s por delincuenc­ia organizada, pero omitió el número de sentenciad­os y que cuenten con sentencia condenator­ia irrevocabl­e.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión, en el que manifestó que la informació­n se encontraba incompleta.

En alegatos, la Seido proporcion­ó el número de sentencias condenator­ias irrevocabl­es; sobre el total de sentenciad­os, señaló que la informació­n puede consultars­e en los informes de rendición de cuentas de la PGR y proporcion­ó vínculos electrónic­os.

Del análisis del caso, se desprende que, la PGR no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la informació­n sobre el número de sentenciad­os. Además, dos de los vínculos electrónic­os proporcion­ados no dirigen a ningún documento y parte de la informació­n remitida no correspond­e a lo requerido. m

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