Incidencia estratégica, por una fiscalía que sirva
Ante el anuncio de que Andrés Manuel López Obrador presentará una terna al Congreso para que sea nombrado el próximo procurador general de la República, las reacciones no se han hecho esperar. El anuncio coincidió con la apertura de mesas de diálogo entre el equipo de transición, legisladores electos, muchas y diversas organizaciones de sociedad civil que integran el colectivo Fiscalía que Sirva, además del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ante la pregunta que se han hecho periodistas y analistas como Ciro Gómez Leyva y Pablo Hiriart acerca del supuesto silencio de quienes exigen una fiscalía que no tenga como cabeza a un cómplice del Ejecutivo, ni como estructura una copia del personal de la actual PGR, vale la pena aclarar que la voz que se opone a un fiscal carnal y a una fiscalía sin autonomía sigue firme y los argumentos se sostienen.
Quizá, su impresión de que los que promueven la autonomía en la procuración de justicia andan muy “calladitos” se deba a que no han tenido oportunidad de dar seguimiento a las declaraciones que varios integrantes del colectivo han hecho a diversos medios de comunicación durante toda la semana. O tal vez se deba a que, en este proceso de reconformación de escenarios, se suele recurrir a la descalificación generalizada contra quienes desde su espacio de trabajo ciudadano buscan hacer incidencia en las políticas públicas sin contemplaciones partidistas. Los grupos serios de sociedad civil que tienen como finalidad la incidencia, requieren estrategias con reacciones diferenciadas que respondan proporcionalmente a la coyuntura y al proceso de toma de decisiones.
En este caso, las mesas que el equipo de transición ofreció para este tema son completamente sui generis, empezando porque están programadas para un mes de trabajo técnico y deliberaciones de fondo en las que se analizan un proyecto de Ley Orgánica de Fiscalía General de la República, con el que se pretende darle vida a una fiscalía general que pueda sacudirse las fallas enquistadas de la PGR. Esto no implica en ningún momento renunciar a conversar sobre la reforma al artículo 102 constitucional para impedir el pase automático del procurador como fiscal, y así lo han señalado en sus diferentes participaciones en medios los integrantes del Colectivo.
Ojalá que entre los cambios que se deriven de lo que muchos llaman la “Cuarta transformación” sea posible romper con los siguientes paradigmas: 1) Pasar de “La procuración de justicia debe ser leal al poder Ejecutivo” a “La procuración de justicia debe ser eficiente para combatir la impunidad y la violación a los derechos humanos” 2) Moverse de “El nombramiento y remoción del fiscal debe ser facultad única del ejecutivo” a “Merecemos que la designación sea transparente, participativa y garantice que una vez en su cargo el Fiscal no sea parcial, en casos que impliquen al actual gobierno y si hubiera, al entrante” 3) Abandonar la idea de “Reproducir un modelo de fiscalía dictado por procuradores anteriores” y afianzar el compromiso de “Rediseñar una institución que ponga a las víctimas en el centro”. M