El documento

Como se expresó en este espacio la semana pasada, el rector Graue, en nombre de la comunidad científica nacional, le entregó al presidente electo el documento Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de un texto elaborado por las IES participantes (más de 70) durante siete meses, concluyéndose en junio del presente año. En 76 páginas, más 147 de anexos, se fundamenta la idea relativa a que “invertir en educación, desarrollo y CTI es prioritario y estratégico para el país, es aspirar a vivir en paz, con progreso y equidad social”.

El documento, cuyos autores aspiran a que se convierta en un insumo fundamental para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial correspondiente, guarda una estrecha cercanía con otro similar, entregado al presidente electo seis años atrás. En ese sentido, el objetivo de estas líneas es, espigando en el texto, presentar lo más relevante del diagnóstico sobre el tema así como destacar las propuestas estratégicas que ahí se contienen, e identificando alguna de las principales contradicciones o insuficiencias detectadas.

Por lo que corresponde al diagnóstico, cuatro situaciones son mencionables:

• No obstante el destacado espacio que ocupa México en geopolítica y economía global, sus rezagos y enormes desigualdades lo han confinado a un lugar secundario en muchos de los indicadores del desarrollo nacional. Las deficiencias en materia de formación de capital humano calificado y el escaso avance de nuevas tecnologías ayudan a explicar esa disparidad.

• Los fondos para apoyar a CTI han disminuido o no se han incrementado como era la expectativa. La gran promesa del presidente Peña, de invertir el 1 por ciento en este rubro (partiendo de casi medio punto), terminará en una proporción inmodificada en este 2018.

• Por lo que toca al SNI, en el documento de seis años atrás se estableció la meta de tener en 2018 a 32 mil miembros, de los 18,500 existentes. Lo alcanzado en este momento son 28 mil, un 30 por ciento menos de lo previsto, explicado en buena medida por la parte relativa a financiamiento. Empero, como una ironía, la misma realidad puede leerse en un sentido inverso, de éxito: en seis años el SNI se incrementó en casi 10 mil miembros, un aumento de ¡51 por ciento!

Por lo que corresponde a las propuestas, se formularon 95, algunas muy específicas. Aquí se mencionan sólo tres, las que parecen más estratégicas:

• El documento plantea la necesidad de contar con una definición de objetivos dividida por sectores y regiones. Tales objetivos deberían integrarse en un marco que proporcione una visión a 25 años.

• Es indispensable robustecer los sistemas estatales en CTI con base en sus propias fortalezas y vocaciones específicas.

• El gasto del sector debe alcanzar pronto la meta del 1 por ciento del PIB, e “idealmente llegar al promedio de la OCDE (2.4) en seis años”. Dentro de esto deberían incluirse seis proyectos “de gran envergadura”, nunca antes realizados (cada uno de cien millones de dólares), mismos que “articulen capacidades alrededor de temáticas particulares…”.

Respecto a las anteriores propuestas se tendrían las siguientes observaciones:

• Sobre el gasto, se trata de un objetivo desmedido y contradictorio. Lo primero, porque si bien el 1 por ciento no se ha podido alcanzar en 40 años de políticas públicas en la materia, considerar que en seis años esa proporción pueda multiplicarse por un factor de cinco, aún como “deseo”, resulta fantasioso viniendo de una élite de científicos. Pero además es contradictorio, ya que como se lee (p.52) en el propio documento “... aún contando con los recursos financieros, sin el capital humano capacitado será imposible definir y llevar a cabo los proyectos prioritarios y dar solución a los problemas nacionales”. En pocas palabras, no basta tener el dinero, hace falta mucho más para una política pública sólida en el sector.

• Por lo que corresponde a lo regional, la propuesta es insuficiente. En el texto nunca se alude a la principal política pública vigente en esta materia, la que se concreta en el programa de Zonas Económicas Especiales, estrategia que, aún modificada, requeriría del necesarísimo concurso de CTI.

• Posiblemente la mayor ausencia en el documento es la relativa a que ese conjunto de propuestas no tienen ninguna referencia a lo que costaría realizarlas. ¿Para qué dejar que la SHCP fije a su arbitrio los montos, como ha sucedido en las cuatro décadas anteriores? Habría que proporcionarle algunos elementos indicativos para ello.