Va la SFP a la caza de “beneficiarios finales”
La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, prepara una propuesta para identificar y transparentar a “beneficiarios finales”, es decir, a las personas que controlan empresas o negocios sin que su nombre sea público, mediante prestanombres o fideicomisos, lo que permite la corrupción.
La propuesta será presentada el jueves por la secretaria en la sesión del Comité Coordinador del sistema anticorrupción para que sea tomada en cuenta en el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, la cual se encuentra en fase de consulta ciudadana.
Ayer, en la sede de la SFP se integró un subgrupo de trabajo, con la finalidad de realizar un inventario de los sistemas y esfuerzos existentes que puedan contribuir a impulsar una política pública en la materia.
Este equipo multidisciplinario deriva de los compromisos establecidos por el gobierno en materia de “beneficiario final”, en foros e iniciativas internacionales, y de los acuerdos del grupo de alto nivel para el seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción. “En la primera sesión se acordó compartir buenas prácticas en la materia, realizar un mapeo de registros, bases de datos y sistemas de información oficiales que sean útiles para la identificación de beneficiarios finales en México”, informó.
En la sesión participaron representantes de la PGR, de la Secretaría de Economía, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de Proméxico y del Servicio de Administración Tributaria.
“El beneficiario final puede ser distinto a los propietarios legales de una empresa o de un bien. La identificación del beneficiario final contribuye a que el Estado tenga mayor certeza de con quién interactúa”, explicó la SFP. m