UNA PROPUESTA PARA AMLO
A pesar de tener contextos nacionales muy diferentes, la experiencia de Brasil en materia de políticas de inclusión en este nivel educativo le puede servir mucho a México
Democratizar el sistema no solo implica ampliar la matrícula, sino sobre todo abrir mayores espacios para grupos que históricamente han sido excluidos de las universidades del país”
Si el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende combatir la abrumadora desigualdad social en México, tendrá que democratizar el acceso a la educación superior. Mientras un título universitario no garantiza empleo, la universidad sigue siendo el principal vehículo de movilidad social en casi todos los países del mundo, incluyendo México. En América Latina, un egresado universitario puede esperar ganar 104 por ciento más que sus contrapartes que solo acabaron el nivel medio superior, según un estudio de 2018 del Banco Mundial (At a crossroads: Higher education in Latin America and the Caribbean). Inclusive, los que asisten a la universidad por un tiempo puedan ganar 35 por ciento más que los que no pisaron la puerta, según el estudio.
No obstante, democratizar el sistema eso no solo implica ampliar la matrícula (a través de instituciones de calidad), sino sobre todo abrir mayores espacios para grupos que históricamente han sido excluidos de las universidades del país.
En las últimas dos décadas, la matrícula en educación superior en México se ha duplicado, para llegar a 4.2 millones de estudiantes en 2018. Tal ritmo de expansión ha permitido ampliar el acceso a este nivel para estudiantes de todos los estratos sociales. No obstante, la tasa de cobertura, de 37 por ciento, está por debajo del promedio de la región latinoamericana, que llegó a 43 por ciento en 2013. México también está muy a la zaga de países con un nivel de desarrollo similar, como Chile, con una matrícula bruta de 88 por ciento, Argentina (86 por ciento), Colombia (55 por ciento) y Brasil (49 por ciento), según las cifras más recientes del Banco Mundial de 2015.
Más grave aún, persisten grandes brechas de acceso a la educación superior en México, según la condición socioeconómica, étnica (entre indígenas y no indígenas) y entre los distintos estados y regiones del país. Mientras la cobertura bruta para el decil más rico es de 112 por ciento, en el más bajo es apenas 11 por ciento; es decir, la décima parte. En términos regionales, en el Área Metropolitana de Ciudad de México, la matrícula bruta es de 98 por ciento, mientras que en la región Noroeste es de 42 por ciento y en la región Sur-sureste es apenas 28.5 por ciento. En los estados (excluyendo la capital del país), la tasa varía entre 57 por ciento en Sinaloa y 20 por ciento en Guerrero, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
También existen desigualdades en el acceso por tipo institucional. Gran parte del aumento de la cobertura desde 2000 se ha dado en el sector tecnológico, y en los nuevos subsistemas en particular (las Universidades Tecnológicas y Politécnicas), que han experimentado tasas de crecimiento de entre 12 y 40 por ciento durante el periodo. El sector tecnológico, que actualmente atiende a 20 por ciento de la matrícula a nivel superior, atrae principalmente a estudiantes de los estratos sociales más bajos. El sector representa la única o última elección para muchos alumnos, debido a que los futuros ingresos y el prestigio de las carreras suelen ser menores que los de las universidades “tradicionales”. Mientras tanto, el crecimiento en la matrícula de las universidades públicas federales y estatales, que son las más cotizadas por cuestiones culturales y económicas, ha sido casi nulo, de 2.9 por ciento y 3.5 por ciento, respectivamente, según Anuies.
Políticas de poco impacto Tal panorama es el resultado de varias décadas de políticas públicas que han priorizado el crecimiento en la matrícula en educación superior, a expensas de la calidad o la equidad del sistema. Prueba de ello es la enorme expansión desde los años 90 de las instituciones “patito”, que atienden a los sectores más desfavorecidos de la población. Aunque en los últimos años se ha implementado algunas políticas compensatorias en el sector, éstas han tenido poco impacto sobre el nivel de desigualdad educativa en el país. Veamos algunos ejemplos.
El Plan Sectorial de Educación 2013-2018 estableció la primera meta de equidad a nivel nacional en términos de cobertura en educación superior. Se buscó que, para el final del sexenio, 17.4 por ciento de los