El Seguro Popular morirá por razones ideológicas
La salud no luce ni gana elecciones; sin embargo, tiene algo muy atractivo: un enorme presupuesto que se puede usar para “mejorar las condiciones de vida”
Uno de los temas que deja pendiente la administración de Enrique Peña Nieto es el de la reforma en salud. Aunque desde hace más de 20 años se ha hablado de la necesidad de un sistema eficiente y con cobertura universal, nunca se inició formalmente un proceso que lo lograra.
A 15 años de su puesta en marcha, el Seguro Popular ha sido el sistema de administración de recursos que más se ha acercado a ofrecer acceso a la salud a la población.
Para analizar sus avances, y sí, sus tropiezos, se debe tomar en cuenta un aspecto fundamental, la complejidad del aparato de salud en México, que involucra a cuatro instituciones federales (IMSS, Issste, Sedena y Semar), a Pemex, así como a más de 30 diferentes servicios estatales para los trabajadores de cada gobierno.
El lograr que 50 por ciento de la población que no está asegurada tenga acceso a los servicios de algunas de estas instituciones para atender problemas sencillos o grandes enfermedades y urgencias, es complejo y costoso.
No ayuda mucho que los gobiernos estatales, ya sin supervisión federal, hayan hecho mal uso de los recursos destinados a la salud.
No obstante a estas complicaciones, el Seguro Popular se las ha arreglado para contar, a junio pasado, con más de 53 millones de afiliados: casi 50 por ciento de la población del país o cerca de 8090 por ciento de la población no derechohabiente. Durante el primer semestre del año, el Seguro Popular fue responsable de 27 millones de consultas (50 mil diarias) y 1.4 millones de urgencias.
Sí, el Seguro Popular es perfectible. Existen carencias en todo el sistema de salud y estas se reflejan al incrementarse la demanda de servicio. Faltan por incluir en su catálogo Causes, enfermedades de alto costo y no son pocos los grupos de pacientes que denuncian falta de abasto en medicamentos, sobre todo los de alta especialidad; sin embargo, repito, estas carencias son inherentes al sistema de salud en general, no solo a los pacientes del Seguro Popular.
Concebido durante el sexenio de Vicente Fox y proveniente de la visión pragmática del doctor Julio Frenk, quien se convertió en decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, el Seguro Popular ha padecido una gran animadversión de políticos y académicos de izquierda; de hecho, durante las elecciones, López Obrador dijo abiertamente que el sistema “ni era seguro ni era popular”.
Sin embargo, a dos meses de las elecciones, podemos decir que la salud es quizá el campo que menos interesa a López Obrador, por lo menos eso parece. AMLO sabe que la salud es un tema que no vende, por ello no lo ha colocado en su agenda principal.
Hace apenas un par de semanas el tema se hizo presente a través de dos sucesos:
1. El propuesto secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, cuestionado en una entrevista sobre el Seguro Popular, mencionó que “no se ha definido qué sucederá… pero se le cambiará el nombre, el alcance y la reglas…”.
2. La semana pasada se dio a conocer un documento, aparentemente filtrado, donde se habla de la creación de un Sistema Único y Público de Salud (SUPS); en este documento se habla de la necesaria desaparición del Seguro Popular.
Intitulado “Plan de transición al sistema único y público de salud 2019-2014”, el documento se atribuye a Asa Cristina Laurell (está firmado: “ACL”), quien fuera secretaria de Salud de AMLO en su paso por el Gobierno del Distrito Federal y desde donde rechazó la participación de esa entidad en el naciente Seguro Popular.
El documento inicia diciendo: “Han fracasado los intentos de lograr un sistema de salud con acceso universal a los servicios de salud (sic) mediante el modelo de seguro público…”, (refiriéndose al Seguro Popular).
La doctora Laurell es especialista en medicina social y su agenda académica y de gobierno siempre ha sido ideológica. En sus múltiples publicaciones aborda continuamente el concepto de la universalidad y el acceso gratuito a servicios y medicamentos, criticando acremente al “neoliberalismo” de las carencias en salud en México y en Latinoamérica.
Laurell se ha mencionado como potencial subsecretaria de Salud o futura responsable del Consejo Nacional de Salud (CNS). Muchos piensan que será ella desde el CNS quien mueva los hilos y las decisiones en salud en México ya que, hasta el momento, son sus conceptos los que Alcocer ha manejado (repetido) en sus escuetas intervenciones.
Llama la atención que una de sus alumnas, Olivia López, también posgraduada en medicina social y
también académica por la UAM Xochimilco, haya sido nombrada ya como la próxima secretaria de Salud de Ciudad de México. La doctora López ha escrito artículos donde critica “los retrocesos” de la Secretaría de Salud de Ciudad de México al ser administrada por partidos de tendencias o alianzas “neoliberales”.
Ambas autoras han fijado firmemente su postura contra la participación de la iniciativa privada en la proveeduría de servicios de salud.
Es en este contexto que el Seguro Popular verá su fin. No sucederá por cuestiones técnicas, prácticas, clínicas o de resultados, será eliminado por razones ideológicas.
Las intenciones del próximo gobierno ya han causado reacciones entre quienes conducen la salud en México. La semana pasada el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), pidió a AMLO que no desaparezca el Seguro Popular.
Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó hace unos meses una serie de recomendaciones para lograr una adecuada universalización de los servicios de salud; sin embargo, las ideas del IMCO difícilmente serán reconocidas por López Obrador por tres motivos:
1) Implican el involucramiento de la iniciativa privada.
2) El tener que ajustarse a esquemas internacionales de calidad y tener factores de medición (KPIs) que no comulgan con los de la medicina social y
3) El informar, empoderar al paciente y hacerlo parte de su seguimiento y toma de decisiones, cuando el modelo que propone Laurell es el de la rectoría y paternidad absolutas del Estado en la administración de la salud y el bienestar.
La salud no luce. La salud no gana elecciones. Sin embargo, tiene algo muy atractivo: un enorme presupuesto que se puede utilizar para “mejorar las condiciones de vida” y como consecuencia, de acuerdo con el modelo de medicina social, la salud.
Bajo la administración de AMLO, gran parte de los recursos de la Secretaría de Salud capitalina se encaminaron a programas asistencialistas con tarjetas de apoyos económicos. La misma doctora Laurell acudió a eventos donde estas se repartían, argumentando que era parte de sus labores, ya que la salud comienza con un mejor nivel de vida.
Una campaña nacional para reducir la obesidad no se agradece. Una prueba de glucosa no luce. Una vacuna contra el papiloma no se ve. Sin embargo, el regalar tarjetas y despensas en un acto político, sí funciona. La gente lo aplaude.
Hasta el momento, el futuro secretario de Salud ha hablado de solo dos temas: el eventual cambio de fondo y forma del Seguro Popular y el poner en marcha 30 hospitales que están terminados, pero abandonados y sin funcionar. Una vez más, la infraestructura se ve, mientras que el control epidemiológico de la obesidad o el cáncer no.
El lograr la cobertura universal en salud es el santo grial a donde quisiéramos llegar. Sin embargo, esto toma tiempo y es necesario vencer complicaciones logísticas, administrativas y hasta laborales. La doctora Laurell lo reconoce en su documento.
Pese a sus carencias o fallas, con el Seguro Popular existe ya una infraestructura y un camino avanzado. ¿Por qué terminarlo por completo?
La salud es un tema complejo, delicado y muy técnico donde todas las decisiones deben tomarse de forma estudiada y con bases científicas. Si el Seguro Popular debe ajustarse o reconstruirse, debe ser con razonamientos sólidos y con un análisis profundo; no solamente por provenir del un modelo “neoliberal”.
Al fin del día, la salud es ciencia, y la ciencia no admite ideologías. m