Cadáveres itinerantes
Un acierto, que se remita a la guerra al narco declarada hace más de una década como un punto de inflexión para mal; un exceso, que se asimile al fraude electoral y a una supuesta intención de ganar legitimidad por lo que no dieron las urnas
Lo acontecido con los cadáveres itinerantes es una metáfora de la tragedia nacional a partir de la violencia desbordada de los últimos años. Como ha ocurrido con otros eventos, la opinión pública se ha movido en los extremos del asombro y la indignación. El hecho llama a un examen de la situación, en especial porque un nuevo gobierno con una filosofía diferente está por tomar el poder.
Un acierto, que se remita a la guerra al narcotráfico declarada hace más de una década como un punto de inflexión para mal. Un exceso, que se asimile al fraude electoral y a una supuesta intención de ganar legitimidad por lo que no dieron las urnas. Lo importante es que se reconozca el error de haber optado por involucrar a las fuerzas armadas y, todavía peor, la negligencia en formar buenas policías.
Una lección a quienes llegan al poder: en la medida en que sean las autoridades hacendarias las que definan gasto e inversión en seguridad se estará dando vueltas en círculo. La seguridad cuesta, y mucho, es un tema en el que no ha habido sensibilidad como lo muestra el espectáculo de los cadáveres itinerantes. Queda claro que los hacendarios no ven en sus cálculos la magnitud de la tragedia nacional y la necesidad de aplicar recursos para que el estado cumpla su responsabilidad. Alfonso Durazo tiene la cercanía con el presidente electo López Obrador para ponerle en claro que la cuarta transformación quedará en nada si no hay un cambio en materia de seguridad.
Es lugar común la creencia de que la violencia se activó con la estrategia del ex presidente Calderón para hacer frente a la delincuencia organizada, haciendo un uso extensivo de las fuerzas armadas y eliminando jefes y no a la estructura criminal. Las estadísticas avalan la idea, aunque no necesariamente sea el caso. La descomposición institucional venía de tiempo atrás, en particular cuando el gobierno de Vicente Fox desmanteló lo que heredó. No hay manera de saber cómo hubiera evolucionado la estadística criminal si no se hubiera actuado como lo resolvió Felipe Calderón.
Lo que sí se puede suponer es que de no haber resuelto con determinación, como lo hizo, frente al crecimiento del crimen organizado, las policías y el sistema de justicia hubieran sido arrasados por la ola criminal. La cooptación de las autoridades municipales y estatales hubiera sido considerablemente mayor. En todo caso la situación obliga a preguntarse por qué en un periodo de más de 10 años no se invirtió para regresar a los soldados a los cuarteles y a mejorar la integridad de autoridades locales y municipales.
Hay una economía que subyace en la actividad delictiva en un doble sentido: los beneficios cuantiosos del tráfico ilegal de drogas y la impunidad que vuelve el crimen una actividad de altos beneficios y bajo riesgo, respecto a la justicia. También ha habido la confusión del tema de salud pública con el de seguridad. Las respuestas han sido deplorables y llega el momento de que el país demande un cambio global en la política prohibicionista de tan malos resultados y peores consecuencias.
La realidad es que los gobiernos están superados por el crimen organizado. Policías de calidad, agencias investigadoras, juzgados, infraestructura forense y reclusorios son insuficientes. Tal como sucedió con los camiones refrigerados, se improvisan soluciones con desprecio a lo más fundamental. El más elemental sentido de la dignidad se pierde ante la normalidad de lidiar con la muerte. Por un sentido básico de humanidad, los cadáveres y los desaparecidos merecen respeto en los hechos y en las respuestas institucionales, no en las intenciones.
Dar respuesta a la gravedad de la situación demanda mayores recursos financieros e institucionales a lo acontecido en las últimas tres administraciones. Lamentablemente no ha habido un debate sobre el costo de una infraestructura institucional suficiente para hacer frente a la violencia derivada del crimen organizado. La continuidad de lo que bien funciona no ha sido lo que prevalece, allí están los ejemplos de Nuevo León y Chihuahua, estados que avanzaron de manera importante en materia de seguridad; el serio deterioro de las cifras indican que algo no se hizo bien por los sucesores. Los números hablan por sí mismos, a pesar del protagonismo de los actuales mandatarios.
Sin el revanchismo ni el simplismo propio de una campaña electoral es imprescindible un examen sobre las causas de la criminalidad. El prohibicionismo al consumo de drogas es una de las razones, también hacer uso indiscriminado de la fuerza sin un sentido estratégico, así como la insuficiencia de recursos y la formación de policías eficaces en los tres órdenes de gobierno. Para lo que viene, no es la amnistía lo que se requiere, sino la capacidad del estado para proveer justicia. M
La descomposición institucional venía de tiempo atrás, en particular cuando el gobierno de Vicente Fox desmanteló lo que heredó