Bajo la lupa desde 2014, quince de la Judicatura
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La Procuraduría General de la República inició 15 averiguaciones previas, de 2014 a la fecha, por denuncias presentadas contra jueces, magistrados y otros servidores del Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales solo cuatro fueron consignadas.
Los principales delitos que se denunciaron contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación son contra la administración de la justicia, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la PGR, siete averiguaciones previas se iniciaron en 2014, particularmente por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y contra la administración de la justicia.
En respuesta a una solicitud de datos, con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales por conducto de la Dirección General de Asuntos Especiales reveló el número de indagatorias contra servidores del CJF.
Por ejemplo, en 2013, se comenzó una por enriquecimiento ilícito; en 2015 cinco por delitos contra la administración de la justicia y enriquecimiento ilícito; y en 2016 se inició otra por defraudación fiscal. “Ahora bien, para los años 2017 y 2018 manifestó que derivados de una búsqueda exhaustiva y razonable localizó cero registros respecto al número de averiguaciones previas iniciadas contra servidores del Consejo de la Judicatura”, detalló la dependencia federal en el oficio PGR/ UTAG/DG/005211/2018 entregado el pasado 18 de septiembre.
Aunque la Representación Social de la Federación no reveló el nombre de los servidores acusados y cuyos expedientes ya fueron consignados, el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho públicos algunos casos que han Hasta el momento solo cuatro expedientes han sido consignados, sin que revelaran nombres derivado en la destitución de juzgadores. En agosto de 2015 el CJF, órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales, dio a conocer que Luis Armando Jerezano Treviño, juez cuarto de distrito en la Laguna, Torreón, quien era investigado en EU por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que en nuestro país se le detectaron más de 20 millones de pesos que presuntamente recibió por favorecer con sus fallos a casinos, fue destituido de su cargo.
Según los señalamientos, Jerezano probablemente favoreció con sus fallos la operación de casinos propiedad de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.
En abril de 2017, el consejo también destituyó al magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien en su momento emitió fallos que permitieron la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
En julio de 2014, el CJF acusó en la Procuraduría General de la República a Luna Altamirano, a quien se le detectó alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como servidor.
También lo acusó de ser responsable en la tramitación y resolución de 12 tocas penales (expedientes relacionados con apelaciones de sentencia) y juicios de amparo, los cuales resolvió de manera irregular.
Luna Altamirano era titular del tercer Tribunal colegiado en materia penal con residencia en la Ciudad de México.