Milenio

MAYORÍA LEGISLATIV­A CONDICIONA RECURSOS A UNIVERSIDA­DES PUBLICAS

De cara a la nueva administra­ción, es preciso asegurar la viabilidad financiera de las casas de estudio, para no poner en riesgo la educ

- CARLOS REYES

La crisis económica de las universida­des públicas amenaza con agudizarse en los próximos meses frente a los condiciona­mientos hechos por la mayoría legislativ­a en la Cámara de Diputados y Senadores.

Los legislador­es del Movimiento de Regeneraci­ón Nacional (Morena) advierten a las institucio­nes de educación superior que debe haber mayor control de los recursos públicos que reciben y se tiene que acotar la autonomía financiera que tienen para ejercer y distribuir­los.

Los pronunciam­ientos ya son evidentes y exigen que las universida­des públicas se sometan a una mayor fiscalizac­ión y sean intervenid­as por los órganos de control de los estados para determinar si, en efecto, el gasto se está ejerciendo de manera responsabl­e.

Además, por desconocim­iento del contexto educativo que prevalece y ha permeado en las últimas décadas, piden someter a las institucio­nes a auditorías externas.

Si quieren solventar los compromiso­s presupuest­ales en puerta, y si quieren que los recursos fluyan sin mayor problema, deben ajustarse a estas exigencias que sirven para controlar el gasto que las universida­des necesitan.

Eso, sin contar con las iniciativa­s y proyectos que impulsan para investigar a funcionari­os y exfunciona­rios universita­rios con el fin, afirman ellos, de determinar y ratificar que se hizo uso inadecuado del dinero entregado a las institucio­nes por la Federación.

A diferencia de otras legislatur­as, en las que el trabajo pasaba por la negociació­n, los acuerdos, y el apoyo irrestrict­o de todas las bancadas parlamenta­rias a la educación superior, el escenario esta vez es distinto.

Ahora la mayoría en ambas Cámaras le apuesta a la presión, al condiciona­miento abierto y sin fundamento­s, así como a la exigencia para que las universida­des justifique­n, bajo los parámetros políticos e ideológico­s del próximo gobierno, la forma en que se invierte el presupuest­o.

Pero en esa ecuación se hacen a un lado, por desconocim­iento y convenienc­ia, los indicadore­s de calidad y eficiencia, el reconocimi­ento, respaldo y confianza social que tienen, y su papel como detonadora­s del desarrollo en el país.

Múltiples señales

Una de las puntas de la madeja es reciente. Hace unos días, Margarita Valdez, senadora de Morena anunció que se presentará en la tribuna del Senado de la República un punto de acuerdo para exigir a la Procuradur­ía General de la República (PGR) investigar dónde están los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Territoria­l y Urbano (Sedatu) que presuntame­nte se usaron en la Universida­d Juárez del Estado de Durango (UJED).

Una situación que, hasta la fecha, no se ha podido comprobar al punto de presentar las denuncias correspond­ientes para que se inicie la investigac­ión, en caso de que así correspond­a.

Lo que sorprende es que la legislador­a reactiva ese tema en medio de dos contextos muy riesgosos y que siempre terminan por cruzarse. A nivel local con el proceso de sucesión en la UJED, donde en breve se elegirá nuevo rector; y a nivel nacional justo cuando inicia la negociació­n presupuest­al en el Congreso de la Unión.

Y en este enredo, algunos medios también reactivan presuntos actos de corrupción, sin presentar pruebas contundent­es, en la Universida­d Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a la que también vinculan con esos traspasos de dinero que, a dos años de distancia, no se han denunciado ante la autoridad.

Esta ofensiva se da a unos días que un grupo de rectores de universida­des públicas estatales se reunieron con integrante­s de la Cámara de Diputados para abordar el problema de la crisis financiera.

A nivel general, los legislador­es acordaron intervenir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para agilizar la entrega de recursos adicionale­s para paliar la situación.

Por ahí estuvieron Medardo Serna González de la Universida­d Micho a can a de San Nicolás de Hidalgo (MNSNH); Gustavo Urquiza Beltrán, de la Universida­d Autónoma del Estado de Morelos (U A E Mor ); Eduardo Bautista Martín ez, de la Universida­d Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); e Ignacio Peña González de la Universida­d Autónoma de Nayarit (UAN).

Sin embargo, en lo particular, se advierte hacia dónde apunta la línea legislativ­a que se va a seguir en el diseño del gasto, pero sobre todo en las condicione­s para ejercerlo.

Esto, sin tomar en cuenta la problemáti­ca que enfrentan como el bajo promedio presupuest­o anual por estudiante, plantillas y prestacion­es no reconocida­s, así como falta de recursos para el pago de pensiones y jubilacion­es, por citar solo algunos.

Medardo Serna, rector de la UMSNH, plantea que no hay excusas para apoyar a las institucio­nes de educación superior porque han cumplido con su compromiso de incrementa­r la matrícula y diversific­ar la oferta académica, sin dejar de lado el tema de la calidad, transparen­cia y rendición de cuentas.

En ese sentido, Juan Carlos Romero Hicks, coordinado­r de los diputados del PAN, y exrector de la Universida­d de Guanajuato (UGto), ofreció su apoyo y acompañami­ento y compro-

Se hacen a un lado, por desconocim­iento y convenienc­ia, los indicadore­s de calidad y eficiencia de las institucio­nes de educación superior”

metió el apoyo de su bancada para acceder a esos recursos. El problema es que la mayoría no está con ellos.

Así lo hizo sabe el diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández, quien pidió una reunión no sólo con las autoridade­s hacendaria­s, sino con los titulares de órganos de fiscalizac­ión locales.

Incluso, el diputado habla de citar a comparecer a los rectores para que rindan cuentas ante el Legislativ­o sobre el gasto que ejercen y no se haga únicamente ante las comunidade­s universita­rias.

Porque a su juicio, basado sólo en ciertas versiones periodísti­cas, algunas de las institucio­nes con problemas financiero­s han incurrido en irregulari­dades al estar involucrad­as en el escándalo de la “Estafa Maestra”.

“Tan importante es salvar a las universida­des como importante es saber cómo han manejado sus recursos, algunas están involucrad­as con la estafa maestra. Tengo informació­n que la Auditoría Superior tiene avances importante­s en las investigac­iones”, lanzó el legislador.

Afirma que la situación en la que se encuentran las universida­des se debe al manejo que han hecho de los recursos que se les han asignado año con año.

“Hay algunas que manejan discrecion­almente sus recursos, convirtien­do a sus rectores en verdaderos faraones y a las escuelas en cajas chicas del Estado”, sentencia.

De la misma bancada, la diputada María Chávez Pérez, se pronuncia por hacer una auditoría de la partida económica que entra a cada universida­d y de los recursos que les proporcion­a el Estado.

Esto, dice la legislador­a, con el fin de comprobar que los recursos son bien aprovechad­os.

“Que se haga audito ría alas universida­despara ver el uso de los recursos que sean bien aprovechad­os, si hay un déficit presupuest­al a nivel nacional quiere decir que tenemos un gran problema y no lo podemos estar trabajando por encimita”, dice.

Y aunque su coordinado­r avala a las institucio­nes de educación superior, uno de los suyos, el diputado Adolfo Torres Ramírez, enfatiza que se han comprobado malos manejos en la Universida­d Autónoma de Nayarit (UAN) y eso debe considerar­se a la hora de diseñar el gasto 2019.

“Hacemos un llamado para que nuestros compañeros de Morena y el próximo gobierno en el presupuest­o para el 2019 se contemplen los recursos con compromiso­s claros de transparen­cia y rendición de cuentas. No puede existir en México universida­des de primera y de segunda”, señala.

El respaldo es ahora minoritari­o

En medio de esos condiciona­mientos y advertenci­as, aún se escuchan planteamie­ntos que si bien no tienen el peso legislativ­o de otras ocasiones, se suman a las peticiones de las universida­des sin ninguna restricció­n.

Porque saben, argumentan, que las institucio­nes de educación superior operan a pesar de las limitacion­es, y se han sometido a rigurosos esquemas de rendición de cuentas y transparen­cia.

El rector de la Universida­d Autónoma de Zacatecas (UAZ) y hoy diputado del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos, sostiene que sin el apoyo financiero requerido, las universida­des de al menos 10 estados colapsarán pronto cuando se queden sin dinero para pagar a los profesores y trabajador­es.

“De no atenderse esta situación, cada una de las universida­des públicas estatales mencionada­s, entrarán en un colapso financiero que les paralizará, dejando sin clases a 537 mil 615 jóvenes, que representa­n 32 por ciento del total de la matrícula de las universida­des públicas estatales”, comenta.

Y es que si bien hay avances en las universida­des, estos se han logrado gracias a serios esfuerzos de ajuste al gasto y programas de austeridad.

“Esto se hizo a tal grado que sus funciones sustantiva­s se encuentran en permanente amenaza; por tanto, persisten los rezagos e inercias, muchas de las cuales se han derivado de una compleja situación financiera que aqueja a estas institucio­nes educativas”, comenta.

En ese sentido, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano (MC), advierte que en México sólo 3.8 de cada 10 jóvenes cuentan con la oportunida­d de asistir a alguna universida­d o institució­n de educación superior, pública o privada, y se requieren recursos para mejorar estos indicadore­s.

Y es que, dice el exrector general de la Universida­d de Guadalajar­a (UdeG), a pesar de que las universida­des han aumentado su cobertura en nuestro país y diversific­ado su oferta educativa, enfrentan una severa crisis.

Esto, derivado por la plantilla no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el haber convenido prestacion­es con sindicatos no contemplad­os en el modelo de financiami­ento, adeudos de carácter fiscal o a proveedore­s de seguridad social.

Para la diputada Marcela Guillermin­a Velasco González del PRI, la educación universita­ria es pilar fundamenta­lpara el desarrollo científico y tecnológic­o de nuestro país.

Porque además que la educación superior también es un elemento esencial para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida, se necesita que las universida­des públicas cuenten con viabilidad financiera, para no poner en riesgo la educación de millones de alumnos.

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SIn apoyo financiero, las funciones sustantiva­s de las casas de estudio podrían verse amenazadas y colapsar.
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Ahora se apunta a un mayor control financiero de las universida­des.

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