Razones encontradas El país se ha acostumbrado a la discrecionalidad en lo referente a cumplir con la ley, sin advertir las graves consecuencias que eso implica
Javier Corral siempre ha sido un político alejado de la mesura. Así ha ocurrido como legislador, así fue en su campaña para ganar la gubernatura y ahora como mandatario estatal
Alejandro Gutiérrez ha sido excarcelado parcialmente; su nuevo reclusorio es la capital de Chihuahua, muy lejos de los suyos en Saltillo Coahuila. Alejandro es víctima del fuego cruzado entre el gobernador Javier Corral y su némesis, el PRI. En su ánimo de persecución encontró elementos para proceder contra su antecesor César Duarte, algunos funcionarios estatales y, de paso, contra la dirigencia nacional del PRI por presunta desviación de recursos con propósitos electorales.
Javier Corral siempre ha sido un político alejado de la mesura. Así ha ocurrido como legislador, así fue en su campaña para ganar la gubernatura y ahora como mandatario estatal. Puso en jaque al PRI y al gobierno federal al momento de las campañas electorales. Para él fue y es obligado mostrar eficacia en su expedición punitiva. No le importan las decisiones judiciales, tampoco el sentido de legalidad. Tal como se ha vuelto costumbre, todo es cuestión de voluntad política. Las ambiciones personales de los empoderados por encima de la ley.
En estricto derecho, corresponde a la Fepade la investigación de los delitos derivados del financiamiento de los partidos con recursos públicos. No ha sucedido así. El gobernador invoca peculado y allí ha ocurrido el desencuentro. Sus razones públicas en las que refiera el financiamiento ilegal del PRI no se corresponden al procedimiento local que se le sigue a Alejandro Gutiérrez. El caso es grave porque el inculpado afirma que ha sido objeto de tortura para obligarlo a declarar contra funcionarios federales y del ex dirigente del PRI Manlio Fabio Beltrones.
Alejandro Gutiérrez es una persona con amplia trayectoria política, importante empresario y miembro de una muy respetable familia minera. Además, activo y productivo Senador y de una conducta muy ajena a la imputación que pretende hacerle el gobernador. Aunque insuficiente, es un logro la liberación parcial de Alejandro, acto cuestionado con severidad por el mandatario Corral. Así es porque difícilmente en las nuevas condiciones podrá ejercer presión para construir un caso de mayores proporciones, esto es, señalar a las autoridades de la Secretaria de Hacienda como cómplices del delito que se imputa.
La legalidad no acepta coartadas. Seguramente es la materia pendiente de la transición democrática. No hay ciudadanos porque no hay legalidad. Hay autoridades impunes en su desempeño porque no hay legalidad. Cumplir la ley remite a un estrecho camino que casi nadie está dispuesto transitar, ni ciudadanos ni autoridades. El país se ha acostumbrado a la discrecionalidad en lo referente a cumplir con la ley, sin advertir las graves consecuencias que eso implica.
La ambigüedad respecto a la ley también se advierte en la manera en que algunos voceros del nuevo gobierno abordan los hechos de Iguala, Guerrero, de hace cuatro años. Para ellos la verdad no se deriva de los procedimientos legales ni de los resultados de las autoridades competentes. En su lugar se opta por una “comisión de la verdad” cuya integración difícilmente garantizaría imparcialidad, rigor de juicio y un ánimo de objetividad. Desde ahora queda claro el propósito de juzgar más a los investigadores del caso, que a los mismos culpables. No les importa que si se cuestionaran las indagatorias a partir de ese ánimo político las consecuencias serían que los responsables de los hechos, materiales e intelectuales quedarían en libertad.
La verdad es una necesidad y es un compromiso para el país, no solo con las víctimas, los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos y seguramente asesinados. Hay consenso de que la policía municipal los habría entregado al grupo criminal que controlaba la plaza. La controversia sobre su destino final es menor respecto al consenso alcanzado sobre los responsables del secuestro. La disputa por lo último y la interesada y calculada obsesión de involucrar a las autoridades militares en los hechos ha llevado al tema a una dimensión que las nuevas autoridades deben prever. Dar satisfacción al desencuentro de unos con las investigaciones y al interés de otros de acusar a los militares puede tener consecuencias muy graves, además de la excarcelación de los victimarios de los estudiantes.
No hay razón para el optimismo en lo que se ha llamado la cuarta transformación, precisamente por la falta de interés en el tema de legalidad. De hecho, si el énfasis está en la centralización, el caudillismo y el ejercicio vertical del poder, habría reedición del régimen previo a la transición democrática, al menos en lo que se refiere a la discrecionalidad en la aplicación de la ley. Un presidencialismo sin el contrapeso de la oposición en el Congreso y de un Poder Judicial sometido obliga a una actitud de mayor autocontención del conjunto, a la vez que corresponde a la sociedad y a la libertad de expresión acotar al poder mediante su escrutinio.