Sin suficiente dinero para pagar una defensa legal, las féminas que cargan narcóticos cumplen sentencias altas por delitos contra la salud
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las mujeres representan solo cinco por ciento de la población carcelaria en México pero viven una doble desventaja: la discriminación y las violaciones a sus derechos humanos (DH) que a menudo tienen lugar desde el momento del arresto hasta el juicio y aún cuando salen libres.
Cimacnoticias visitó el Centro de Reinserción Femenil en Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa y colindante con el Estado de México, para conversar con reclusas acusadas por delitos contra la salud en la modalidad de transporte e introducción, para conocer cómo llegaron ahí y cuál ha sido su proceso en el acceso a la justicia. “Todo comenzó con una relación tóxica”, relató Diana, una colombiana de 32 años, que dejó por un momento su trabajo en la costura que hace en el centro de reinserción para salir al patio y conversar con Cimacnoticias.
Hace tres años y medio, Diana trabajaba para el servicio al cliente de una compañía telefónica en su ciudad natal, Pereira, en el eje cafetero de Colombia. Su novio era adicto y cada día acumulaba más deudas; tantas, que al final Diana no vio otra salida que transportar droga.
Los conocidos de su novio le dijeron que recibiría 3 mil dólares (aproximadamente 60 mil pesos mexicanos) si dejaba un paquete de cocaína en un hotel en Ciudad de México. Pero eso nunca sucedió. En el aeropuerto registraron su equipaje y antes de que Diana lo supiera, se encontró en una celda de detención.
“Nos dejaron allí tres días, me quitaron todas mis cosas y luego me llevaron a la prisión de Tepic, en Nayarit”, narró. No había personal de la embajada ni abogado o abogada presentes en el interrogatorio.
El caso de Diana solo es un ejemplo de los muchos que se encuentran en las cárceles de México. De acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de CdMx, a agosto de este año había 32 extranjeras en las cárceles de la capital.
Isabel Erreguerena, de Equis Justicia para las Mujeres, organización que trabaja por el acceso de mujeres a la justicia, ha identificado un patrón común en las entrevistas que hizo con reclusas. La mayoría afirmó haber ingresado al negocio de las drogas por pobreza, otras porque la pareja u otro conocido las convenció.
Lo común en todas es que no tenían suficiente dinero para pagar un buen abogado o abogada y obtuvieron largas sentencias. A Diana le dieron 10 años, el mínimo por el delito de introducción de drogas, aunque nunca había tenido conflictos con la ley.
El Código Penal Federal señala en su catálogo de delitos contra la salud previstos en los artículos del 193 al 199, que se impondrán de 10 a 20 años de prisión y de 100 hasta 500 días de multa “A quien ‘transporte’, es decir, la conducción de géneros o mercancías que se trasladen de un lugar a otro por un precio, refiriéndonos en este caso a productos ilícitos que se contemplen en el artículo 193 del código de la materia”.
Y “A quien ‘introduzca o extraiga’ del país alguno de los narcóticos o psicotrópicos ya referidos en el artículo 193 del Código Penal Federal, aunque fuera de forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extracción no llegase a consumarse, pero de los actos realizados se desprende claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será hasta dos terceras partes de lo previsto en este artículo 194 del Código Penal Federal.
Matilda, de Honduras, compañera de ella en el centro femenil, tiene una sentencia más larga por el mismo delito: 17 años y seis meses de los cuales ya compurgó 14 años y siete meses. “En ese momento, era ingenua y egoísta”, dice, sobre su motivo de transportar droga. El acceso a la justicia es punto clave en los procesos penales, explicó Isabel Erreguerena, de Equis Justicia, ya que se manifiesta la discriminación que han vivido las mujeres toda su vida, y se refuerza la vulnerabilidad cuando son indígenas o migrantes.
El Inegi dice que aproximadamente 75 por ciento de mujeres en reclusión solo han completado educación primaria, principalmente porque se casaron temprano y tuvieron hijos. “Es un problema estructural que puede estar relacionado con el desarrollo”, dice Erreguerena. “El Estado no puede garantizar a las personas su derecho básico a la alimentación o la salud y ven a la delincuencia como la única fuente de ingresos”.
En el proceso penal siguen las violaciones de DH. La encuesta entre mujeres y hombres en reclusión elaborada por el Inegi en 2016, señala que alrededor de 58 por ciento de las personas entrevistadas sufrieron violencia física durante su arresto, casi la mitad fue amenazada con un arma, cinco por ciento violada; 41 por ciento dijo que la policía había amenazado con fabricar cargos falsos y 30 por ciento dijo que la policía amenazó a la familia.
En el Ministerio Público solo 67 por ciento fue informado de sus derechos, 20 por ciento pudo comunicarse con su abogado o abogada. Casi la mitad de todas las personas en reclusión afirmó haber sido obligada por la policía u otras autoridades a declarar.
Desde Equis Justicia impulsarán que en el proceso de pacificación que inició Andrés Manuel López Obrador se les otorgue amnistía a estas mujeres privadas de la libertad con penas excesivamente altas en el fuero federal, “cuando en su mayoría son mujeres que no tienen antecedentes penales, fueron detenidas sin ningún arma, y no están vinculadas a ningún otro delito.” m