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organizaciones de derechos humanos y de litigantes y académicos del país han hecho llegar a la Suprema Corte su preocupación y solidaridad por lo que suponen una campaña para minar la independencia del Poder Judicial, desde la bancada mayoritaria en el Senado. Luego de las presiones para incrementar el recorte a su presupuesto y de que Morena presentara el jueves pasado una iniciativa con el fin de “evitar el influyentismo y la corrupción” en ese sector, la preocupación de las ONG surge de que los juzgadores y magistrados serán el único contrapeso que los ciudadanos tendrán contra los actos del nuevo gobierno.