Admiten recurso para continuar la búsqueda de los 43
La PGR, Gobernación, Marina y el Ejército, entre las corporaciones obligadas por el fallo
Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, El Mijis, con el cual pretende obligar a la Procuraduría General de la República que continúe la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como delito de desaparición forzada.
En un mensaje a medios afuera del edificio principal de la PGR, el legislador dijo que solicitó al juez federal que se ordene al Ministerio Público federal que prosiga con la búsqueda atendiendo todas las observaciones y recomendaciones realizadas por las instituciones involucradas. “El amparo busca que se reconozca a la sociedad la titularidad del derecho a la verdad colectiva, es decir, se debe obligar a las instituciones a esclarecer sin duda alguna quiénes fueron los autores de los hechos, cómo ocurrieron y dónde están las víctimas o sus cuerpos”, señaló.
Acompañado del abogado Carlos Azeen Sánchez Alvarado, el diputado mencionó que el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal ordenó a más de 60 autoridades, entre ellas, a todas las procuradurías locales, a la PGR, a la Secretaría de Gobernación, a las policías de Cocula y de Iguala, así como al Ejército y a la Marina, brindar toda la información respecto al paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Queremos con este amparo que el Estado dé a conocer que está sucediendo con estas cuestiones; queremos que ya no existan más desapariciones y que el Estado no sea omiso”, expresó Carrizales.
El legislador por San Luis Potosí indicó que las autoridades responsables solo tenían tres días para responder y 15 días las autoridades requeridas; sin embargo, a las de Cocula no se les ha encontrado, por lo que no han podido ser notificadas.
Aseguró que se materializa un compromiso de su campaña como diputado local, y buscará la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno en materia de localización de víctimas.
Por su parte, Sánchez Alvarado manifestó que el amparo tiene dos funciones primordiales, una de ellas, abundó, es que se busca que se continúe con la investigación, que se tome en cuenta la opinión que han dado los diversos organismos en materia de derechos humanos involucrados, porque sí se oponen bastante a lo que la PGR denomina “la verdad histórica”. “Por otra parte, se busca que se reconozca el derecho a la verdad que tiene la sociedad, es un derecho que están bastante explicado y desarrollado desde un ámbito internacional y pretendemos que el Estado mexicano lo acoja, principalmente los casos de desaparición forzada y homicidios. “¿Qué es lo que buscamos? Que el Estado esté obligado a responder tres preguntas: ¿Quiénes son los autores materiales de los hechos en desapariciones y homicidios? Otro, ¿cómo sucedieron los hechos? Y en este caso que se pueda definir e identificar cuál fue el destino final de las víctimas”, declaró el abogado. m