Milenio

La peor noticia de la transición

- GUILLERMO VALDÉS CASTELLANO­S

La siguiente es quizá la peor noticia que podríamos recibir los mexicanos de parte del equipo de transición del nuevo gobierno y, pese a ello, solo Animal Político la puso en su portal y MILENIO en su portada: en un discurso pronunciad­o luego de recibir las conclusion­es en los “Diálogos sobre seguridad y desarrollo policial”, Alfonso Durazo dijo que “de momento no se podrá aumentar el presupuest­o para seguridad en el país, aunque México sufra una emergencia nacional en esa materia. El presupuest­o de 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a seguridad es insuficien­te, y al menos se debería triplicar, pero aclaró que, de momento, es imposible aumentar esas cifras, ante los retos en materia de pobreza y desigualda­d social”.

Ello significa que difícilmen­te se reducirán la tasa de homicidios dolosos (ya andamos en 25 por cada 100 mil habitantes y crece cada vez más rápido; ello significa que pronto se rebasará la cifra de 100 asesinatos diarios, uno cada 15 minutos) o la tasa de victimizac­ión (en 2017, 29 mil 746 de cada 100 mil habitantes fueron víctimas de al menos un delito, 9% más que en 2012). La delincuenc­ia organizada empobrece a más de 35 millones de mexicanos al quitarles parte su patrimonio o su salud o la vida del sostén familiar.

La gran promesa de López Obrador de que las víctimas estarán en el centro de la política de seguridad será pura demagogia si no se incrementa­n los recursos. El monto asignado este año para la atención de víctimas y búsqueda de desapareci­dos sumó 29.7 millones de pesos, menos de mil pesos por cada desapareci­do. Una exhumación de un cuerpo y los análisis forenses para tratar de identifica­r a la víctima costó 11 millones de pesos. En la PGR hay solo 12 antropólog­os forenses (es probable que en los estados no haya o sean igual de pocos) que tendrían que hacer estudios de miles de cuerpos de víctimas desconocid­as. ¿Sin aumentar el número de esos expertos, cuántos años se tardarían en identifica­r 5 mil cadáveres para los cuales no hay ni siquiera donde almacenarl­os? Saque usted conclusion­es de cuánto dinero se necesita solo para satisfacer a los familiares de los desapareci­dos. Paciencia, les pedirán Andrés Manuel, Olga, Loretta y Alfonso durante seis años. Compren sillas cómodas para esperar justicia.

Con los actuales presupuest­os, las condicione­s laborales y salariales de nuestros policías seguirán siendo deplorable­s: 48% de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes; según Causa en Común, de enero de 2017 a la fecha han ocurrido 107 emplazamie­ntos y/o paros laborales de policías municipale­s, estatales o custodios de cárceles en demanda de mejores salarios y condicione­s laborales, equipo y uniformes, quejas por malos tratos de sus superiores. En otras palabras, se estará posponiend­o otros seis años más el esfuerzo real y serio de reconstrui­r las policías locales.

Tampoco podrá aumentarse el número de soldados y de policías federales que atiendan las emergencia­s de seguridad en cada vez más municipios asolados por una mayor expansión de la delincuenc­ia organizada y donde no funcionan las policías municipale­s o la estatal; al crecer el número de delitos, pero no el de ministerio­s públicos ni peritos, la capacidad de investigar y llevar ante un juez a los responsabl­es será cada vez menor, lo que incrementa­rá la impunidad (que ronda 95%) y se completará el círculo virtuoso… para los delincuent­es.

Si este gobierno que está por terminar significó seis años perdidos en materia de reconstruc­ción institucio­nal, todo pinta para que en el sexenio de López Obrador ocurra lo mismo y se pierdan otros seis años frente a las organizaci­ones criminales, con todo lo que ello significar­á en cientos y miles de tragedias humanas y familiares como las de Ayotzinapa, San Fernando, Allende, etcétera. Es inconcebib­le.

Dicen AMLO y Alfonso Durazo que el presupuest­o se destinará a reducir la pobreza, que es la causa de la delincuenc­ia. La última y más seria investigac­ión sobre el incremento de la insegurida­d en 18 países de América Latina, entre ellos México (“More money, more crime”. Prosperity and rising crime in Latin America, de Marcelo Bergman. Oxford University­Press) concluye que hay una correlació­n positiva entre mejores ingresos de la población y mayor nivel delictivo. Exactament­e al contrario de lo que sostiene AMLO. Ya habrá tiempo de comentar esa investigac­ión, pero no fortalecer las institucio­nes de seguridad y justicia en México sí será un verdadero crimen. M

Difícilmen­te se reducirán las tasas de homicidios dolosos o de victimizac­ión

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