El Poder Judicial y la cuarta transformación
El Poder Judicial siempre ha estado presente en las grandes transformaciones nacionales, y en esta ocasión, cuando se anuncia una etapa de cambios y reformas importantes para el país, seguramente no será la excepción.
El fortalecimiento del Estado de derecho es uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana y, por ello, uno de los objetivos centrales de la cuarta transformación.
Está sobrediagnosticada la precariedad y debilidad de nuestro Estado de derecho: hay diversos estudios al respecto. Los más recientes son el Índice Global de Impunidad (Universidad de las Américas), el cual ubica al país en cuarto lugar a escala mundial, y el Índice de Estado de Derecho en México 2018 se conviertan en fuente de privilegios, prebendas, concesiones o beneficios que terminen aislando, alejando o desviando al Poder Judicial de sus objetivos fundacionales y fundamentales.
Sin ánimo de confrontación, sino de una sana colaboración y corrección, se pueden señalar algunos aspectos. El más comentado es el de las percepciones salariales de ministros y altos funcionarios judiciales. No hay proporcionalidad, equidad ni simetría económica entre sus ingresos y los de sus contrapartes en otras naciones, con economías similares o sistemas judiciales más funcionales que el nuestro. La práctica del nepotismo, que en la mayoría de los sistemas judiciales está sancionado y castigado, en México está tolerado. Por ejemplo, un estudio realizado por la propia Judicatura Federal en 2017, señalaba que 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos judiciales tenían al menos un familiar en la nómina. Otro punto: la equidad de género, que ya es política pública en el Ejecutivo y en el Legislativo, en el Judicial aún no. Y así, sucesivamente.
Hay dos vías para reformar un poder constitucional. La interna, producto de la autocrítica y la autocorrección, y la externa, producto de la iniciativa y del ejercicio de las facultades de otro poder.
En el caso del Judicial, conforme al diseño constitucional vigente, correspondería al órgano reformador permanente (mayoría calificada del Congreso federal más la mayoría de los congresos estatales) iniciar o complementar las reformas que demanda la sociedad.
Desde 1994, cuando se dio la última gran modificación estructural del Poder Judicial, no existían las condiciones en el Congreso federal ni en los congresos locales para iniciar una reforma de gran envergadura, como hoy están dadas. Es una oportunidad histórica irrepetible. M