Sobre los enredos del poder
Gobernar es, en gran medida, decidir. El poder de decidir qué se hace, cuándo, dónde y cómo es un poder adquirido mediante la voluntad de los ciudadanos expresada en elecciones. Es una facultad constitucional, un privilegio y también una enorme responsabilidad. En el caso de AMLO resulta paradójico que después de haber tenido el mando y ejercido la capacidad de decidir sobre los asuntos de Ciudad de México y de buscar tres veces el enorme poder de decisión que otorga la Presidencia de la República, una vez que lo obtuvo de manera tan contundente, las señales que ha enviado sobre cómo ejercerá esa facultad tan deseada por él, sean tan ambiguas y confusas.
El tema es de enorme relevancia, pues las decisiones presidenciales impactan el futuro de millones de mexicanos y moldean el comportamiento del resto de la sociedad. Aportan certezas sobre el rumbo del país y éstas son un elemento muy importante para que los actores políticos, económicos y sociales definan sus conductas. La incertidumbre no es buena para la gobernabilidad, pues genera comportamientos erráticos y contradictorios de todos, lo que reduce drásticamente la instrumentación eficaz de las políticas públicas con el respaldo social, siempre indispensable.
El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México es el ejemplo más evidente de la ambigüedad y confusión generadas por las indecisiones del Presidente electo, pero no el único. Durante los primeros meses de su campaña, AMLO fue contundente: será cancelado. Ante las discrepancias del sector privado y la enumeración de las consecuencias negativas que tendría tal decisión, comenzó la confusión que ya lleva por lo menos seis meses.
Que lo construya el sector privado sin fondos públicos; no, mejor que se habilite el aeropuerto de Santa Lucía para complementar al aeropuerto actual; que el Colegio de Ingenieros dice que Santa Lucía saldría más caro; que los mejores expertos del mundo dicen que la combinación Santa Lucía y el actual aeropuerto es inviable aeronáuticamente; pues que unos ingenieros chilenos hagan otro estudio; que también se incorpore el aeropuerto de Toluca; mejor que se haga una consulta pública; que no se tienen facultades para hacer una consulta legal y para que lo sea, tiene que ser organizada por el INE de manera concurrente con las elecciones federales en 2021, pues no importa, el pueblo es sabio y lo que él decida será lo mejor para el país.
Los términos de la consulta tampoco finiquitaron la incertidumbre sobre el método de decisión de López Obrador: ¿qué pasa si la encuesta y la consulta arrojan resultados contradictorios? ¿Es válido que la decisión quede en manos de los ciudadanos de solo poco más de 500 de los 2 mil 450 municipios? ¿Quién y con qué criterios decidió dejar fuera al resto de los ciudadanos? ¿Ellos no son sabios? ¿Morena movilizará a sus bases para que vayan a votar libremente o irán con línea de hacerlo por Santa Lucía? ¿Alguien cree que esa votación reducida será ajena a la decisión de López Obrador expresada en secreto a los operadores de su partido?
En la encuesta GEA-ISA de septiembre pasado, además de preguntar sobre las dos opciones del aeropuerto (38% opinó que debe estar en Texcoco, 23% en Santa Lucía y 38% dijo no saber cuál opción es mejor) preguntamos si la decisión la debía tomar el gobierno con base en los estudios técnicos de los expertos en aeronáutica o que la decisión fuera el resultado de la consulta popular. Las respuestas, sabias, fueron: 49% que el gobierno decida; 36% que se haga consulta; 15% no supo qué es mejor.
¡Qué manera de complicarse la vida! No se trata de decidir si se necesita o no otro aeropuerto, sino una decisión relevante pero secundaria: ¿dónde debe construirse? En cualquier parte del mundo, la respuesta a esa cuestión obedecería a criterios técnicos, en primer lugar, de carácter aeronáuticos y de seguridad aérea, y después financieros, ambientales y funcionales.
Pues en México no. Se inició un debate en el que todos los criterios técnicos se han subordinado a la lógica política, porque el entonces candidato y ahora Presidente electo al parecer no puede o no quiere asumir el costo de una eventual retractación o de cancelar una obra cuyas consecuencias serían enormes en términos financieros y de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Ese será el método para la toma de decisiones en el futuro? Añada otro punto de crítica a la cuarta transformación. M