Milenio

Riesgos no calculados de los aeropuerto­s

- MAITE AZUELA Twitter: @maiteazuel­a

En la crisis humanitari­a en que se encuentra inmerso el país es revelador que no sean otros los temas que movilizan la opinión y empujan decisiones de visibilida­d nacional. Sin embargo, en esta coyuntura política convergen varios elementos que, en materia de derechos humanos y rendición de cuentas, corren el enorme riesgo de ser banalizado­s si la tendencia de abordarlos con ligereza se mantiene.

El primero es fundamenta­l: el impacto ambiental que tendría cualquiera de los proyectos. Este fue uno de los argumentos más sólidos con los que se cuestionó la construcci­ón del proyecto de Texcoco y que para la campaña presidenci­al generó expectativ­as. Sin embargo, parece haber sido abandonado, quizá porque es complejo demostrar que la contraprop­uesta de Santa Lucía no tiene implicacio­nes similares de devastació­n del ecosistema de la región.

La defensa de la tierra ha cobrado ya una vida. Fue asesinado el ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, quien con otros activistas defendía los terrenos y el agua del cerro de Tenayo, que han sido afectados por la obtención de material pétreo que se saca de las rocas del sitio para ser industrial­izado como insumo de construcci­ón en las obras ya iniciadas del nuevo aeropuerto en Texcoco. Este hecho no es un asunto aislado; México ocupa el tercer lugar en América Latina en muertes de activistas defensores de la tierra y del medio ambiente, de acuerdo con el informe de 2017 de la organizaci­ón Global Witness. Iniciar un proyecto con este lamentable precedente es sintomátic­o, no mera coincidenc­ia.

Por otro lado, estuvo sobre la mesa el planteamie­nto del elevado costo del proyecto de Texcoco, que ahora parece difuminars­e con la posibilida­d de que, si corre a cargo de los inversioni­stas privados, no hay mayor problema con las repercusio­nes que tiene, en cualquiera de sus vertientes.

Finalmente, está planteada la decisión a partir de una consulta pública. El ejercicio inédito de democracia participat­iva debería significar el inicio de una práctica cotidiana y a la que deberíamos de dotar de sustento en contenido, logística y comunicaci­ón, para que no sea blanco de vilipendio desde su primer soplo de existencia.

Sea cual sea la decisión de los votantes y se construya donde se construya el aeropuerto, hay garantías que parecen estar ya en riesgo por cómo se ha planteado este dilema público: 1) Respetar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas que defienden el agua y la tierra; 2) Tener una evaluación fidedigna del impacto ambiental de los proyectos y asumir las consecuenc­ias que representa; 3) Fortalecer los procesos de democracia participat­iva con reglas claras y metodologí­as sustentada­s.M

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JO R G M O C H
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