Lo barato cuesta caro

partir de la llamada política de austeridad del gobierno entrante. Bien está evitar el dispendio público en flotillas de autos de lujo o gastos de representación munificentes. Pero flaco favor le hace al país pagar mal a sus servidores públicos, ya solo porque quienes terminen por ocupar esas plazas ante la desbandada serán por fuerza trabajadores menos capacitados que sus antecesores, sin posibilidad de obtener un empleo mejor remunerado en el sector privado, o, peor, víctimas de la tentación a compensar su pobreza salarial merced a la participación en corruptelas.

No es ésta una mera fantasía especulativa: un reporte del Banco Mundial publicado en 1997, que estudia los casos de 20 países y establece el índice de corrupción en una escala del 1 al 5, muestra cómo aquellos que otorgan una remuneración baja o media a sus servidores públicos (con respecto a trabajadores del mismo nivel en la IP) ostentan niveles de corrupción de alrededor de 4, mientras que aquellos en que estos obtienen una remuneración alta se sitúan alrededor del 1.5. Y los casos bien conocidos de países desarrollados como Singapur o Suecia —entre los menos corruptos pero también entre los que mejor pagan a sus funcionarios— refuerzan la hipótesis: los buenos salarios públicos son uno de los factores que contribuyen al combate a la corrupción.

He ahí, pues, un ahorro que puede costarnos caro. M