Milenio

Prodecon, contra empresas fantasma sin pegar a justos

La facturació­n de las compañías ficticias suma 2 billones de pesos; evalúa los comentario­s de especialis­tas a su primera propuesta

- JESÚS RODRÍGUEZ, SUBPROCURA­DOR DE ANÁLISIS SISTÉMICO Silvia Rodríguez/México

Con base en la propuesta inicial y el análisis de los comentario­s recibidos por especialis­tas, la Procuradur­ía de la Defensa del Contribuye­nte (Prodecon) busca erradicar las empresas fantasma, cuya facturació­n asciende a 2 billones de pesos, con el objetivo de que todos paguen los impuestos que correspond­en y que ese dinero se abone a las finanzas públicas.

En entrevista con MILENIO, el subprocura­dor de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la Prodecon, Jesús Rodríguez, indicó que para el ombudsman éste es un tema fiscal no presupuest­al ni político, por lo que se busca que sea justo para los contribuye­ntes.

La diferencia entre una empresa real y una fantasma es que en ambas hay una factura auténtica, pero en la segunda la operación que ampara la factura no existe.

De ahí se desprende un efecto en el que la compañía que compró el “servicio” dice que pagó por éste un impuesto al valor agregado (IVA) y buscará hacerlo acreditabl­e ante el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), que lo reconoce y al final, al confrontar­lo contra lo pagado, tendrá un saldo a favor o en contra.

Sin embargo, por el lado de las fantasma, al no existir el servicio, no hay pago de impuestos y éstos no llegan al SAT. “Cuando se constituye­n (las firmas fantasmas) normalment­e lo hacen por una serie de servicios y casi dicen: qué factura quieres, de qué servicio, de servicios administra­tivos, de planeación, de publicidad, prácticame­nte pueden vender cualquier servicio”, expuso el procurador.

Ante esta situación, la Prodecon propone que la empresa que compra el servicio retenga las dos terceras partes del IVA; es decir, que le diga al SAT: mira, compré este servicio y aquí está el IVA por éste, para que el gravamen efectivame­nte llegue a las finanzas públicas.

No obstante, tras una serie de complejida­des que esto representa para las compañías, puesto que están las que sí prestan servicios reales, la procuradur­ía sometió a consulta la propuesta y obtuvo comentario­s para mejorarla. “Nos hemos dado a la tarea de ver dónde no pegarle al que verdaderam­ente presta el servicio y no lastimar al que verdaderam­ente está trabajando”, dijo el funcionari­o. m

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