Migración, seguridad nacional y AMLO
El tráfico y tránsito de migrantes centroamerica- nos por territorio de México rumbo a Estados Unidos es un problema sin solución, al menos mientras no se acuerde la libre movilidad de personas entre Centro y Norteamérica. Así de sencillo. Lo que se ha debatido desde hace décadas han sido políticas para tratar de mitigarlo y/o administrarlo. No va a desaparecer por más amenazas que lance Donald Trump ni cuantos camiones contrate el Instituto Nacional de Migración de México para deportar a los más posibles desde Tapachula todos los días.
Mientras la pobreza y la inseguridad sean factores que atentan de manera brutal y cotidiana contra la sobrevivencia y la vida de las familias —como son los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras—, no se detendrán los flujos hacia Estados Unidos. Si se revisan las estadísticas de los últimos 30 años, se podrá observar que entre 200 mil y 400 mil centroamericanos se introducen en territorio mexicano con la finalidad de cruzar al norte del río Bravo. Así de fuertes son el hambre, el miedo a ser víctima del crimen organizado y la desesperanza de un futuro mejor.
Para agravar el problema, lo que era una actividad ilegal pero pacífica —el tráfico de los migrantes— organizada por los tradicionalmente llamados polleros, se transformó en una actividad criminal extremadamente violenta y más rentable; desde que Los Zetas, allá por 2009, decidieron apoderarse del negocio, convirtieron a los polleros en sus empleados y a la cuota original cobrada a cada migrante por el traslado (entre 5 y 7 mil dólares por persona) le añadieron un sobreprecio de 2 mil dólares a cada uno para no ser asesinado. La masacre de aquellos 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, se debió a que no pudieron pagar los 2 mil dólares por su rescate. Ahora ya no existen Los Zetas, pero las bandas que se desprendieron de esa organización son las que controlan ese mercado ilegal.
Es probable que México tenga capacidad de darle asilo político o visas de trabajo a varias decenas de miles de centroamericanos y medio resuelva la actual crisis de la caravana hondureña. Pero difícilmente la tendrá para aceptar, en el caso de que todos quisieran permanecer en nuestro país, a tres o cuatro millones en los próximos diez años. Ello derivaría en un serio problema de gobernabilidad, por decir lo menos, un riesgo de seguridad nacional: México en medio de una situación ajena. Por un lado, un gobierno de EU prepotente y resuelto a impedir lo más que pueda la entrada a su territorio de los migrantes y, por el otro, las crisis económicas y de seguridad de los países de América Central.
Por cierto, AMLO no se ha pronunciado sobre la seguridad nacional. No hay ni una sola mención, no se diga alguna propuesta de él ni de su equipo de gobierno sobre el tema. Como si no existiera. Y la migración es solo uno de los múltiples riesgos de la agenda de seguridad nacional. Para preocuparse más, está cumpliendo su promesa de convertir al Cisen en una agencia de investigación criminal. Según la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada la semana pasada, le cambia el nombre y lo manda a ser un apéndice de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desconociendo e ignorando lo que señala la Ley de Seguridad Nacional.
Pueden cambiar todas las leyes que quieran; lo que no se entiende es la ignorancia y el desprecio por una de las instituciones más sólidas y confiables del Estado mexicano y la insensatez de no fortalecerla para enfrentar los retos cada vez más complejos de la seguridad nacional. M
AMLO no se ha pronunciado sobre la seguridad nacional; no hay ni una sola mención, no se diga alguna propuesta de él ni de su equipo de gobierno