Fracturación hidráulica: fuente de violencia en México
Hay prácticas sistemáticas que, por sus métodos y consecuencias, deberían ser consideradas como prioritarias en la estrategia de pacificación del país. No es mera coincidencia que en Coahuila la extracción ilegal de agua y la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, sucedan en zonas en las que paralelamente se incrementó la explotación de yacimientos de gas shale.
Resulta descomunal la cantidad de agua que se extrae ilegalmente. Para la perforación de un solo pozo se pierden de 9 a 29 millones de litros de agua. Esto nos da una dimensión de la cantidad de líquido vital que destruye la industria gasera.
Una magnífica referencia del análisis regional sobre la convergencia de negocios de gaseras e intensificación de violencia en la zona ha sido trabajada por Federico Mastrogiovanni, en su libro Ni vivos ni muertos. En este texto nos muestra con un ejercicio de sobreposición el mapa de gasoductos y las zonas en que ocurrieron las masacres y actos violentos, así como el fenómeno de despoblación.
Vale la pena sumar a este ejercicio de Mastrogiovianni un dato adicional que también es concurrente: la ruta del acuífero Allende-Piedras Negras. El conflicto se podría agudizar con la disputa por este acuífero, ya que por su ubicación en plena zona fronteriza México-Estados Unidos, los terrenos tienen categoría de mantos transfronterizos. Esto, en un contexto de nula normatividad sobre la explotación del agua, generará enormes problemas comunitarios y jaloneos entre propietarios de la tierra y empresarios, por no mencionar los conflictos que con nuestro vecino país del norte se pueden desatar.
Otra variable de alto costo son las implicaciones que estas actividades podrían acarrear en cuestiones de salud para la población de la zona, debido a que, si los procesos de inyección de agua altamente tóxica no tienen garantías contra fuga, la erosión de elementos cancerígenos y la probable radiación serían irreversibles.
El gobierno entrante habrá de poner especial atención en esta región e investigar a fondo los procesos de compra de terrenos desde el inicio del gobierno panista en el año 2000 hasta la fecha. Además, tendría que tener a mano un diagnóstico integral para comprender a fondo este fenómeno y aclarar si es que existe alguna relación entre los hechos violentos de las últimas décadas y las redes de intereses político-empresariales que podrían verse favorecidas por esta actividad, con los capitales estadunidenses.
La decisión no será fácil, pero la responsabilidad de lo que suceda a partir del 1 de diciembre de este año en la zona será ineludible. M