Por todos los medios (públicos)
Trabajé en Canal 22 entre 2003 y 2012. Alguna vez, en la administración de Enrique Strauss, hice una entrevista pregrabada a un escritor, ex funcionario público, que tuvo palabras duras para el titular de una Secretaría de Estado.
La conversación fue transmitida en su totalidad, mérito del talante democrático de Strauss —y de su entonces jefa, Sari Bermúdez— pero no del estatuto institucional de la televisora, que no es a la fecha medio público sino de gobierno —dependiente entonces de Conaculta y hoy de la Secretaría de Cultura—, por lo que nada habría impedido su censura.
He recurrido al ejemplo a lo largo de los años para advertir que en México la mayoría de los medios tenidos por públicos no lo son, que su independencia de criterio no descansa sino en la solvencia moral de sus directivos –la excepción es el SPR, organismo autónomo– y que resulta alarmante que no exista mecanismo institucional para evitar que, un día, el director de alguno pretenda ejercer censura.
Ese día llegó cuando, a la luz de la salida de Carmen Aristegui de MVS Radio, el entonces director del 22, Raúl Crémoux, instauró un veto al tema, lo que terminó por redundar en su despido, si bien obtenido por presión política.
En un escenario verdaderamente
En verdadera democracia, México tendría verdaderos medios públicos
democrático, México tendría medios verdaderamente públicos: Canal 22, Radio Educación, Canal Once, Televisión Educativa y el IMER no dependerían de la Secretaría de Cultura o de la de Educación sino que tendrían órganos autónomos de gobierno a la manera del INE, el INAI o la CNDH o de medios extranjeros auténticamente públicos como la BBC. Eso se antoja hoy lejano: las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados no solo no dan autonomía a los medios propiedad del Estado sino, peor, contemplan su sectorización en la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior del Ejecutivo.
La idea es intrínsecamente an tidemocrática, con independencia del partido que gobierne, y hoy su suerte depende del Senado, cámara revisora. En democracia, resulta imperativo frenarla. Por todos los medios.