Roberta Garza
“Los futuros encargados de la seguridad afirman que no reprimirán”
Una buena: la inclusión de la despenalización como arista de la política de seguridad nacional. Es cierto que el tráfico de mota, la principal candidata a la regularización, hace tiempo que perdió terreno ante las metanfetaminas o la heroína, y que además los cárteles se han diversificado a mercados más productivos como la trata y el secuestro. Pero es igual de cierto que no puede contemplarse plena seguridad sin justicia plena, y que nuestro sistema policiaco y penal se atraganta con infinitos procesos y procesados que bajo la nueva óptica pasarían a ser oficialmente inocuos, liberando valiosos recursos para crímenes de alto impacto social. También bueno es el reconocimiento de la necesidad de un marco jurídico constitucional para la utilización del Ejército como sucedáneo temporal de nuestras anquilosadas y rebasadas policías ante los retos presentados por grupos criminales armados hasta los dientes y que, encima, operan sin constricciones legales o humanitarias.
El problema es que el resto del paquete apunta a que lo anterior es mera pantomima, comenzando por la presunción de que el Ejército es requerido en las calles ante la endémica corrupción de nuestras fuerzas del orden. Es cierto que la complicidad de las policías con los grupos criminales las vuelve prácticamente insalvables, pero en esa canasta también entra, si bien de manera más contenida, el Ejército, con el añadido de favorecer éste históricamente un modus operandi donde las ejecuciones clandestinas, las desapariciones sumarias y la siembra de armas o de sustancias a culpables escurridizos o a inocentes incómodos es la norma, más que la excepción.
La alarma por esa insustancial presunción de inocencia como alegato primordial de la militarización de hecho de nuestras fuerzas policiales se agrava cuando los futuros encargados de nuestra seguridad afirman que la situación será temporal, que se cuidarán los derechos humanos y que no se reprimirá al pueblo bueno.
De entrada, porque ese plan, supuestamente temporal, no incluye la menor gestión de una policía civil, ni menos la vía para agenciarse los recursos para reclutarla, capacitarla y blindarla. Encima, porque falta ver si ese “pueblo bueno” somos todos los mexicanos o si están excluidos los fifís, la prensa vendida o cualquier otro grupo que contraríe al futuro presidente, porque el asunto es que pronto tendremos en las calles a una milicia llamada Guardia Nacional que en los hechos estará adscrita al megalómano en jefe, como afirmó él mismo: “Habrá mando único, porque desde el primer día del nuevo gobierno democrático asumiré la coordinación del gabinete de seguridad pública, como en el tiempo en que fui jefe del Gobierno capitalino”. Los mandos militares de ese gólem están por verse, pero no esperemos contrapeso alguno de las cámaras: el Senado morenista acaba de empujar, a pesar de hartas objeciones, el ascenso del general Sánchez, quien estaba al mando de la operación en Tlatlaya.
Para ponerle los pelos de punta al más solovino.
Morena acaba de empujar el ascenso del general Sánchez, quien estaba al mando en Tlatlaya