Antecedentes
28 de octubre de 2014.
El Chereje reveló ante la PGR y Tomás Zerón el lugar donde fueron quemados los cuerpos.
Abril de 2016.
El GIEI dejó entrever que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.
5 de diciembre de 2016.
La Visitaduría General de la PGR emitió el acuerdo donde determinó que siete servidores públicos incurrieron en faltas administrativas durante la investigación.
9 de febrero de 2017.
La Visitaduría dio a conocer que no encontró elementos que sustenten la siembra de evidencia en el río San Juan.