“El golpe para los centros de investigación por la austeridad es duro”
La reforma educativa modificó los artículos 3 y 73 constitucionales y estableció un nuevo marco para la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). El asunto pasó mayormente desapercibido, pero amerita reflexión.
El nuevo artículo 3º constitucional reconoce el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
¡Enhorabuena! Además, se incluyeron dos obligaciones adicionales para el Estado: proporcionar recursos y estímulos para la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, así como garantizar el acceso
abierto a la información que deriva de la ciencia. México se suma así a una creciente tendencia global que considera a la ciencia como un bien público y rompe el paradigma de publicaciones científicas de alto costo.
La reforma también facultó al Congreso para expedir en 2020 una nueva ley general en la materia. Su negociación confrontará diversas visiones sobre el quehacer científico y su arquitectura institucional. Ojalá podamos construir un sistema nacional de CTI descentralizado y con amplios espacios de participación.
Todo lo anterior puede parecer palabrería vana. No es así. Supone el reconocimiento constitucional del papel central que tiene la CTI para el futuro del país. México necesita de la ciencia para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, y aprovechar los nuevos conocimientos y tecnologías que transformarán la estructura de la sociedades en las próximas décadas.
Solo como ejemplo, consideramos el impacto que tendrán en la vida de millones de personas la inteligencia artificial y los nuevos materiales, así como los avances en la genética, la biología, la medicina o la robótica.
O avanzamos en la construcción de una sociedad del conocimiento, o la historia nos dejará atrás y solo veremos cómo se ensanchan las brechas de desigualdad.
Se trata de alcanzar una austeridad eficiente sin ahogar el quehacer en esta materia
Por ello, sorprende la escueta referencia —cinco líneas— que el Plan Nacional de Desarrollo dedica a la ciencia. Se olvida que es el gran habilitador para lograr los objetivos que plantea el propio PND. Sin ciencia difícilmente lograremos un crecimiento sustentable e inclusivo.
El asunto se vuelve más dramático si consideramos el efecto que las medidas de austeridad tendrán en las instituciones gubernamentales dedicadas a la investigación. El golpe para los Centros Públicos de Investigación, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) o el Colegio de México (Colmex) es duro y puede dar al traste con décadas de construcción institucional.
Resulta paradójico que al mismo tiempo que se reconoce en la Constitución el valor de la ciencia, las medidas de astringencia presupuestal aplicadas sin ponderación deterioran nuestras instituciones científicas.
Se trata de alcanzar una austeridad eficiente sin ahogar el quehacer científico. Aún es tiempo que prevalezca el buen sentido.