Propuestas para la Ley General de Educación Superior
En el Seminario de Educación Superior (SES), integrado al Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior (PUEES), hemos estado pendientes, analizando y debatiendo las políticas educativas de la 4T, y los cambios legislativos, hechos y por hacer, debido a sus implicaciones sobre el devenir de las universidades públicas, en particular.
Varios colegas miembros de nuestra agrupación han estado participando en foros, mesas de trabajo, medios de comunicación electrónicos e impresos. sobre temas que son esenciales para la vida de nuestras instituciones. Estamos preocupados porque el conjunto de problemas, pinta un panorama super complejo, que no es un asunto solamente de los funcionarios estatales y los rectorados, sino también de las comunidades académicas.
En el SES, desde hace mucho tiempo, se han publicado textos sobre los grandes temas de la educación superior en el país y a escala internacional. temas que son de actualidad, para orientar una transformación del sistema educativo adecuada a los tiempos.
Y hago mención a lo anterior porque las leyes que están por presentarse deberían cubrir, algunos de los aspectos sustantivos que nos inquietan a los universitarios. Quienes, finalmente, brindaremos o no, legitimidad a los cambios.
En la semana pasada, cuatro miembros del PUEES-SES participaron, a título individual, en el Foro de Consulta organizado por la Anuies. Aquí expongo algunas de las ideas y propuestas que me parecieron centrales de lo dicho por ellos. No tengo espacio para comunicar toda la riqueza de sus ponencias.
El Dr. Imanol Ordorika, en su intervención, resaltó los principios que incluye la Ley General de Educación: laicidad, obligatoriedad, gratuidad , inclusión y equidad de género. Asimismo, toco lo relativo a la importancia de la autonomía y el financiamiento, coordinación del sistema y educación superior privada.
Entre otras de sus propuestas para la nueva ley, sugirió que se contemple la diversidad institucional, y señaló que el subsidio nunca podrá ser menor al del año anterior, en términos reales, y propuso que se incremente hasta alcanzar el 1 por ciento del PIB. Además, que se establezca un fondo para la obligatoriedad que permita invertir en infraestructura y contratar los recursos humanos necesarios para la expansión de la cobertura. Asimismo, asignar recursos federales para la gratuidad que permitan ir reemplazando las cuotas de inscripción y colegiatura que hoy se cobran en varias instituciones públicas. Propuso que, en ningún caso se otorguen fondos públicos
o apoyos de carácter fiscal a las instituciones privadas.
El texto del Dr. Roberto Rodríguez partió de lo señalado en la Reforma Educativa y lo que la reforma ordenó en términos de la expedición de las leyes complementarias. Y marcó algo que me pareció sobresaliente: que la reforma no marca expresamente el formular y expedir una nueva ley general de educación. Asimismo, recalcó que el mandato constitucional hace referencia a que se reforme la Ley General de Educación vigente, pero no a la creación de una nueva ley en la materia.
A mi modo de ver, es interesante su propuesta de que se hagan leyes generales de educación superior a nivel de cada Estado, porque hay una diversidad muy grande de situaciones institucionales. En lo personal, considero que en esta dirección, dichas leyes deben recoger los propósitos generales de orientación del sistema, mediante un pacto federativo. Roberto Rodríguez agregó la importancia de observar la confección de uno o varios reglamentos para precisar cómo deben operarse los procedimientos y normas incluidos en la Ley General.
En tercer lugar, el Dr. Jesús Galaz, en una exposición breve, hizo hincapíe en que la nueva ley tenga en cuenta y exponga abiertamente que la centralidad del personal académico es consustancial a las actividades educativas y científicas de cada casa de estudios, independientemente del tipo de contratación o nombramiento. Asimismo, que las instituciones deben otorgar las mejores condiciones laborales posibles y estimular la participación colegiada para que se cumpla mejor con la formación de los estudiantes y la producción de conocimiento.
Finalmente, el Dr. Melchor Sánchez Mendiola centró sus propuestas en que la ley reconozca nuevas fuentes para generar recursos. Asimismo, que la ley otorgue posibilidades para impulsar políticas que faciliten la operación de dichas fuentes, certeza jurídica para su obtención y manejo, así como señalar las condiciones para administrar los recursos que se obtengan por fuera del subsidio. Igualmente, propuso que en la ley se acepte que las instituciones busquen recursos alternos, que las autoridades del ramo faciliten estrategias para obtener recursos internacionales y la creación de un órgano que impulse acciones para obtener recursos extraordinarios mediante una serie de actividades como transferencias de conocimiento y tecnologías, servicios a terceros e incentivos fiscales.
Los investigadores que participamos en el Programa y en el Seminario tenemos clara la necesidad de producir conocimiento riguroso sobre la educación superior, para poder argumentar e influir en el establecimiento de las leyes y las políticas educativas. Y, desde nuestro espacio académico, intervenir en todos aquellos procesos políticos que marcan las transformaciones educativas.