EL SNI Y EL EFECTO MIKADO
JUGANDO PALITOS CHINOS CON EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Abundaronrecientemente los artículos de prensa sobre el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los pronunciamientos sobre su utilidad en tanto instrumento para consolidar la comunidad científica y los llamados a examinar su función. En paralelo, después de la aprobación en términos generales de la Ley de Austeridad Republicana, el 2 de julio de 2019, los investigadores, principalmente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), de los Centros Públicos de Investigación (C.P.I) y de las instituciones con estatuto asimilado a la Función Pública, volvieron a manifestar su preocupación ante la posibilidad de que los
incentivos a la productividad y primas sean suprimidos y la eventualidad de que esa disposición abarque, entre otras medidas, al SNI.
No obstante la efervescencia mediática actual, las polémicas sobre el SNI no son nuevas,. Desde su creación, hace 35 años, los especialistas en educación, los propios miembros del sistema y los tomadores de decisión apuntaron sus efectos positivos: normalización de los criterios de pertenencia al oficio científico, mejorías en la productividad, incremento del ingreso de los investigadores en un contexto de imparable deterioro - Emergencia. Ensusinicios,el organismofue unamedida de urgenciacontra eldeteriorodel sistemanacionalde educaciónsuperior. salarial, entre otros. Asimismo, denunciaron sus consecuencias perversas: individualización extrema de la producción académica, cortoplacismo de los proyectos, sesgos en los procesos evaluativos según las comisiones y las disciplinas, hipertrofia numérica de las publicaciones más que calidad de las mismas. Ayer como hoy, con buena o mala fe, denunciaron conflictos de interés cuando los integrantes del SNI combinaban posiciones de alto nivel en el sector empresarial o en las burocracias estatal/institucionales con una dedicación supuestamente exclusiva a la investigación. Reclamaron que el curriculum vitae de los integrantes del SNI sea de acceso público, como ocurría en Brasil mediante la plataforma LATTES, a efectos de transparencia y en aras de la lucha anti-corrupción pero esa demanda específica fue siempre desoída.
En cambio, a otros requerimientos, sí, se les prestó atención. El SNI
revisó, en varias ocasiones, sus normas y sus criterios de evaluación. En 2019, en su reglamento, enunció que los evaluadores pondrían más atención a las actividades de docencia y de difusión. Esta reforma es sólo el último de recurrentes intentos por adecuar el dispositivo a las representaciones en boga del deber ser de la academia o por atajar críticas. ¿Vale entonces darle crédito a los llamados recientes del Subsecretario de Educación Superior y de la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaConacyt a examinar a profundidad el rol del SNI?
La respuesta es sin duda afirmativa, siempre y cuando la discusión sobre el SNI sea una discusión de política pública, no una revisión técnica de los “indicadores de productividad” a aplicar. El SNI, en sus inicios, fue una respuesta estratégica a una erosión drástica de los sueldos de los académicos y al rápido despunte de la fuga de cerebros, interna y externa. Eran los ochenta del siglo XX, la época del “hacen como que me pagan y hago como que trabajo” y de los artículos sobre cuantos sueldos académicos se necesitaban para comprar un vocho wolkswagen, el auto compacto más barato en aquel entonces. La discusión sobre el SNI debe recuperar ese carácter poítico en una circunstancia en la que, so pretexto de “utilidad social”, la ciencia sufre fuertes críticas, por parte de grupos políticos vinculados con la administración pública.
En sus inicios y en un contexto histórico de desmoronamiento de las capacidades científicas, el SNI fue una solución de urgencia para revertir el deterioro del sistema nacional de educación superior. Víctima de su éxito, en un marco de actuación gubernamental en el que los modelos de financiamiento institucional y de retribución individual fueron amarrados a evaluaciones, fue rápidamente replicado por las instituciones de educación superior. De intervención coyuntural y supuestamente, temporal, devino una columna dorsal en el funcionamiento del sistema nacional de investigación. De ser transitorio, paso a ser transexenal. Contribuyó a pautar la carrera académica. Ayudó a consolidar las capacidades de investigación y a descentralizarlas fuera de la Ciudad de México. Permitió, en suma, resolver problemas apremiantes sin hacer cambios estructurales en los dispositivos salariales para la profesión académica.
Cuando uno juega al Mikado, el objetivo es quitar un palo sin mover los que lo circundan. Quién, por descuido o impericia, saca una varita que apuntala otras, desmorona el constructo y pierde la partida. Cualquier afectación al SNI, en la coyuntura actual, implicaría retirar una piedra de toque en una arquitectura científica desestabilizada. En ausencia de armazones de sostenimiento necesarios para evitar el desplome, y en una coyuntura de zozobra de la vida universitaria, lo anterior sería fatal.
En consecuencia, discutir el SNI es crucial. Pero, en ese momento, eso no significa reflexionar sobre sus disfuncionamientos y enmiendas (aunque eso sea un tema importante e inacabable). Implica revisar su función dentro de la academia y un marco de políticas, que continúa fundamentado en principios de fiscalización burocrática y control regulatorio. Supone concretar decisiones permanentemente aplazadas, para garantizar que los académicos tengan un sueldo justo por su trabajo y puedan jubilarse, en condiciones dignas de vida y de acceso a la salud. Remover o cambiar drásticamente el SNIy los demás sistemas institucionales de incentivos, sin resolver previamente esas cuestiones, revelaría una escasa destreza política y una nefasta precipitación, en una circunstancia de polarización creciente, ante la que la concertación se vuelve imprescindible e inaplazable.